Una falacia más

LA MENTIRA DEL MEJORAMIENTO ECONÓMICO

Resulta imposible formular un breve comentario a nuevas medidas de política económica: sencillamente, porque no las hay.

Tozudamente, el gobierno insiste en el rumbo que ha trazado hace ya tres largos años: dicen los responsables que “da buenos resultados”. Desde las páginas de nuestra Revista venimos advirtiendo que tal política económica, inspirada en fines tan mezquinos —puesto que no otra cosa son los exclusivamente electoralistas— no puede dar resultados beneficiosos. El razonamiento es simple: tal finalidad apunta a satisfacer intereses personales o, como mucho, a los de un sector o de una parcialidad. Nada más alejado del imperativo que debe inspirar a todo buen gobernante. Se están levantando polvos que producirán nuevos lodos.

Sin embargo, sí cabe señalar determinadas tendencias. Trataremos de irlas enunciando con algún orden.

En primer lugar, no hace falta ser muy sagaz para apreciar el temor que al pueblo argentino le provocan los fenómenos inflacionarios; el recuerdo de un pasado no demasiado lejano está muy fresco y es por ello el gobierno publicita, incansablemente y por todos los medios, pretendidas medidas antiinflacionarias que se reducen a encuentros con empresarios de distintos sectores.

Ahora bien, los convocados son en su mayoría responsables de firmas no formadoras de precios, pero no por casualidad pertenecen a sectores cuyos precios finales son los que se computan para confeccionar el IPC o índice de precios al consumidor: bien saben el Doctor Kirchner y sus estrategas que el incremento de este índice se encuentra en relación directa con la disminución del número de votos que esperan recoger.

No hay interés por la incidencia del incremento de costos que esas mismas empresas deben absorber; de allí que tengamos que soportar que un ministro, que por otra parte ostenta descomunales facultades, diga muy suelto de cuerpo “que los empresarios ganan mucho y que deben conformarse con rentabilidades razonables”; nosotros quedamos a la espera de que nos explique cuál es la fórmula que expresa esa razonabilidad.

Dentro de esta estrategia no es de menor importancia que se haya echado mano a planteos propios de políticas inspiradas en la lucha de clases tratando de enfrentar a las empresas con los consumidores. Asimismo debemos lamentar la obediencia que han obtenido de parte de un empresariado cada vez más temeroso en razón de las presiones de todo orden que padecen a diario preferentemente por el inadecuado empleo de los organismos recaudadores.

Aunque por obvio y repetido no podemos dejar de insistir en que es de lamentar tal despliegue de las políticas de control de precios, por más que el secretario Moreno declare que no se trata de control de precios sino que su gestión se encuadra dentro de “…una coordinación de decisiones empresariales y lo que hacemos es analizar costos…”

¡Vaya imaginación para formular eufemismos que rayan en el embuste! Pero lo cierto es que la prórroga del régimen de control de precios, acuerdo o como quiera llamarse, hasta fin del año 2007, recientemente publicitada no es tal. Decimos que no es tal pues no tiene carácter vinculante, ya que formalmente no se suscribió instrumento alguno y los empresarios expresaron claramente que no aumentarían los precios en tanto y en cuanto no aumentaran los costos, en particular los salarios. Simultáneamente la C.G.T. de Hugo Moyano, por boca de éste, decía que los gremios no dejarían de reclamar los aumentos que considerasen justos e indispensables. Queda claro, entonces, que por este lado no resultará contenido el aumento del índice de precios, pues está condicionado a ciertas variables que son de difícil o casi imposible materialización frente a los porcentajes que el índice del mes de septiembre puso de manifiesto. Algo más del 7% no lo esperaba el Gobierno, pero revela una indiscutible tendencia inflacionaria.

Otra tendencia negativa la revela el incremento de subsidios a cierta empresas de servicios públicos —en especial transportes (trenes y ómnibus)— y el congelamiento de tarifas en otras de ellas. La consecuencia de estos subsidios y congelamientos reducirá sin duda el margen del superávit fiscal y la posibilidad de incrementar las inversiones para renovar o mantener los equipos en funcionamiento. Vale decir, que aquí también encontramos una tendencia inflacionaria a la que hay que agregarle el consiguiente estrechamiento del superávit que venían exhibiendo las cuentas fiscales.

Por la misma vía del déficit primario nos encontraremos con las presiones inflacionarias que el presupuesto padecerá debido a la atención de los requerimientos impostergables que reclama el sector pasivo (pensiones, jubilaciones y asistencia social). La crisis energética, con las consecuencias obvias que no vale la pena explicar, ha llegado aparentemente para quedarse por largo tiempo y es inocultable. Aquí no encontraron eufemismo a mano, por lo que el inefable Moreno ha dicho a los medios: “…tiene que haber gasoil en el mercado argentino ¿está claro?” Mayor voluntarismo o amenaza de “apriete” para las empresas no recordamos. Es sabido que los cuellos de botella provocados por deficiencias en la infraestructura o por la escasez de insumos estratégicos achican la economía y coadyuvan a incrementar las tensiones inflacionarias ya desatadas.

Si bien frente a todo este desatino habría mucho más que decir, lo dejamos para otra ocasión y terminamos nuestra crónica recordando que el otro superávit —el de la balanza de pagos— se encuentra ya muy deteriorado, deterioro que se incrementa a través del las restricciones a las importaciones tradicionales que mermaran vía las menores cosechas de grano y el reciente incremento al precio índice de exportación del trigo tendiente a disminuir los saldos exportables. Los saldos disminuirán, pero el incremento del precio se trasladará al mercado interno; luego, menor oferta de bienes y mayor inflación.

¿Hasta cuándo seguirán conduciendo nuestra economía hacia los límites sumamente riesgosos del despeñadero?

Alejo Tupí