Entre los numerosos déficit que padece la sociedad argentina, uno, no menor, está vinculado a la cuestión de la salud.
La realidad indica la inexistencia de un programa nacional en la materia, con objetivos precisos, de contenidos coherentes, comprometido con las diversas realidades regionales y extendido eficazmente a todo el territorio nacional.
Un plan que vaya más allá del patetismo y la insignificancia del reparto compulsivo de preservativos; una política de salud en suma, en la que el bien esencial a proteger sea siempre la vida.
Como en tantas áreas de la vida social, justicia, seguridad, trabajo, equidad etc. rige la ley no escrita del sálvese quien y cómo pueda.
Un dato cercano al año 2000, aún de interés, es que nuestro país gastaba en salud por habitante, casi a la par de Francia, que ocupa uno de los primeros lugares en la materia, mientras nosotros figurábamos bastante más allá del puesto cincuenta. O sea que, como aproximación, para este penoso hacer nada, ni siquiera podría tomarse demasiado en cuenta el problema de los recursos, sino su destino final.
Es casi innecesario aclarar que, mantener hospitales públicos funcionando, en manera alguna constituye un plan sanitario nacional, por lo que el sostenimiento de los hospitales, admitiendo que esto se realizara de manera adecuada, es sólo una parte de algo infinitamente más complejo.
Informes actuales de la organización panamericana de la salud muestran un aumento de la mortalidad infantil en el país. Otros estudios epidemiológicos originados en la facultad de medicina de la U.B.A., dan cuenta que, un adulto internado en hospitales públicos del conurbano bonaerense, disminuye cerca de diez años su expectativa de vida respecto a si la internación se hubiera realizado en instituciones privadas.
Diez o doce millones de pobres de la argentina, no tienen protección odontológica alguna, dado que no hay políticas oficiales que los tengan en cuenta. Brasil implementó hace cinco años, un plan para el cuidado bucal de la población en riesgo, destinando para este fin 25.000 odontólogos y 40 millones de dólares mensuales. En nuestro país para lo mismo, estaríamos invirtiendo algo así como cuatro millones de pesos anuales.
Indicadores parciales y al paso, no hay duda, pero útiles para evidenciar diferencias y sobre todo la máxima gravedad de la cuestión.
De trampa en trampa, vivimos ahora el caso del policlínico bancario y de las droguerías que adulteraban medicamentos, que sale a la luz estos días y que era un secreto a voces desde hace demasiado tiempo. Por lo pronto, el juzgado a cargo lleva ¡no menos de cuatro años! en conocimiento del tema, no pudiendo admitirse ignorancia acerca de las graves consecuencias, que de la lentitud de la investigación podrían derivarse.
También es cierto que la antigua insistencia del estado en otorgar a los sindicatos sin otra razón que la connivencia, el cuidado de parte de la salud pública, bien podría considerarse como un hecho criminal según demuestra, aunque parcialmente, el caso bancario.
De manera reiterada, distintas administraciones, destinaron recursos extraordinarios y millonarios —sin rendición de cuentas— a las cajas sindicales, fondos que supuestamente destinados a salud, terminan quien sabe adonde.
Más aún, hace pocos días los medios informaron que Moyano reemplazó a un funcionario del ministerio de salud, antes que asumiera el candidato originalmente designado, por un “colaborador” próximo a la C.G.T. a fin de poder “estar cerca” de los recursos del área
Sospecho que si no hubiera tanto dinero en el medio de la cuestión de la salud, tal vez disminuiría el interés de algunos sindicalistas en hacerse cargo del problema.
No hay necesidad alguna de insistir en algo tan evidente, no son los dirigentes de la C.G.T. quienes deben ocuparse del ministerio de salud ni de sus fondos. Ni la salud es su tarea, ni están preparados para realizarla, ni menos aún el gobierno que fuera, tiene potestad para delegar lo indelegable. Inversamente, pensamos que nadie le pediría a la academia de medicina, que se ocupe de organizar la C.G.T.
Claro que desde la C.G.T. pueden y deben exigir, como deberíamos hacer todos, no los fondos de la salud, sino una política sanitaria nacional que proteja seriamente a cada uno de los argentinos.
Pero cuando todo lo expuesto adquiere la máxima entidad y seriedad, aparece en el momento de referirnos a las víctimas directas y a sus familias. Ciertamente es difícil imaginar el dolor, o la angustiosa incertidumbre de aquellos que tuvieron familiares o amigos internados en el bancario y que murieron durante el tratamiento de enfermedades que requirieron la utilización de alguna medicación supuestamente vencida o adulterada.
El hombre tiene un valor incondicionado que es su dignidad. Enfermo, minusválido, anciano, embrión, esa persona es, en todas circunstancias, única e irrepetible, y está en manos del hombre atropellar esa dignidad o preservarla.
Para los filósofos de la posmodernidad entusiastas de la eutanasia y para quienes la vida, en esos casos espacialísimos carece de valor, es posible que lo estimen como un paradigma interesante. Para las familias de las victimas en cambio, nadie tendrá nunca una respuesta clara, que les de razón de los derechos humanos que les negaron y de los innecesarios sufrimientos —claramente inhumanos— que les causan.
Por cierto que no solo desde el bancario atropellaron el valor trascendente de la vida humana, hay una demasiado extensa red de complicidades que parecerían ordenadas al mismo fin.
En primer lugar el estado delegando, lo indelegable. El régimen K, que todo estatiza y controla y vigila, menos, casualmente, lo que es el sentido último de la política, el bien común, y por supuesto, la vida de las personas. Otra zona de penumbra que merecería alguna aclaración sería, ¿cuál es la función del ANMAT? en el control de los medicamentos que se utilizan en el país.
Por otra parte, el estado cómplice, recolectando dinero, desde el área de salud para la campaña de Cristina, casualmente, dinero de las mismas bandas que trafican efedrina y falsifican drogas hemato-oncológicas por placebos y fármacos vencidos. La realidad nos muestra a un gobierno que, no sólo no protege, sino que desprecia la vida de los ciudadanos, estableciendo alianzas y complicidades con los traficantes de la muerte.
Mientras tanto inmóviles, esperamos sentados, vaya uno a saber que cosa, y miramos la tragedia, con cierta indiferencia…
Miguel De Lorenzo
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