viernes, 16 de diciembre de 2011

Judiciales


SITUACIÓN ACTUAL DE LOS
PRISIONEROS DE GUERRA


En la ciudad de La Plata, el pasado martes 20 de septiembre, el Dr. Alberto Solanet pronunció una clase magistral sobre la Guerra Revolucionaria en la Argentina, y la actual situación de los prisioneros de guerra. Por razones de espacio sólo podemos publicar los siguientes fragmentos. Sepa el lector aprovechar tan valientes, oportunos y justicieros conceptos.

 
Amigos: […]
    
Ante el estupor de muchos que así lo consideraban, e impulsada por motivaciones ideológicas y resentimientos, la confrontación resurgió, y, con auspicio del presidente Kirchner, se forjó una visión asimétrica y unilateral del último medio siglo, según la cual los militares e integrantes de las fuerzas de seguridad fueron considerados malvados asesinos que persiguieron a jóvenes idealistas que sólo querían procurar el bien de las clases más humildes. Se ha predicado a tiempo y a destiempo, el odio y el resentimiento contra un solo sector de la contienda, como si la guerra se hubiera desatado sin que nadie la hubiere provocado […]
       
El impulso y presiones del poder político kirchnerista sobre el Congreso y la Justicia han llevado a que ésta actúe por encima de los principios que deben regirla y que nunca debieron abandonarse. La anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final rompió con el precepto legislativo de que las leyes no se anulan sino que se derogan o se modifican. A partir de allí y con la complicidad de la Corte Suprema, quedaron arrasados los principios de legalidad, de irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, aplicación de la ley penal más benigna etc… De esta forma cientos de militares con destacados servicios y carreras impecables, luego de haber permanecido sin objeciones en sus respectivas fuerzas, ascendidos a jerarquías superiores en plena democracia, algunos de ellos condecorados por el Congreso como héroes en la guerra de Malvinas, comenzaron a ser imputados por la justicia por hechos ocurridos casi treinta años atrás, detenidos y sometidos a un largo encarcelamiento sin pena ni juicio.
       
El mismo Estado que durante un gobierno constitucional les encomendó aniquilar las fuerzas irregulares que sumieron al país en la violencia de una guerra revolucionaria, el mismo que dictó las leyes que significaron tres amnistías sucesivas, el mismo que revisó prolijamente sus casos y luego los mantuvo en actividad durante mas de quince años sin cuestionamiento alguno, ese mismo Estado modificó radicalmente su postura e instaló una persecución implacable e ilegal.
      
Este mismo Estado se ha llevado a prisión a más de mil miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, mientras esta misma justicia no ha alcanzado a los terroristas que estas fuerzas combatieron. Se trata entonces, de presos políticos entre los que debemos contabilizar, hasta ahora, ciento cuarenta y cinco muertos en cautiverio. Digo hasta ahora, por cuanto el propósito de los ideólogos que hoy rodean el poder, es materializar el odio y la venganza con la muerte de todos […]
    
La cuestión no es ya meramente jurídica sino de naturaleza moral. No es el horror de la guerra lo que está bajo examen sino la opción sistemática por alternativas que, transcurridos casi cuarenta años desde que comenzara la etapa más violenta de la contienda, alientan el odio y la desintegración social, empujando a los más extremados a reacciones graves e imprevisibles. Están presos por haber cumplido con su deber, por haber peleado en defensa de la Nación. […]
     
Una de las peores sensaciones, es asumir que las respectivas fuerzas a las que pertenecen, y que oportunamente les ordenaron combatir, hoy los han dejado a merced del enemigo […]. Muchos de los jueces, responsables de los detenidos, someten a estos a verdaderos tormentos, como es soportar la cárcel cuando ya son ancianos o están seriamente enfermos. Esta gente está condenada a muerte, pero a una muerte lenta […]
        
Los propios jueces que condenaron a las Juntas han manifestado su desacuerdo con este enfadoso desvío de la justicia. Así se expresaron en el reportaje publicado en el suplemento “Enfoques” de “La Nación” del 15 de agosto de 2010, al Dr. Strassera: “este gobierno quiere prolongar estos juicios como forma de agitar la banderita de los derechos humanos”. A su vez, el Dr. Ledesma: “Nosotros en 1985 no juzgamos a las Juntas por delitos de lesa humanidad, juzgamos por delitos comunes”, y agrega: “yo creo que si se admite la imprescriptibilidad, que acabo de decir que viola el principio de legalidad, también debían ser juzgados hoy en día los líderes de la subversión” y finaliza afirmando que “creo que el principio de legalidad no puede ser derogado por nada porque es uno de los logros más importantes de la civilización”. El Dr. Torlasco por su parte dijo: “Aquí en este momento se están juzgando hechos que normalmente hubieran estado prescriptos de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución. Se está juzgando por la aplicación retroactiva la convención sobre imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad”. Finalmente, el Dr. Moreno Ocampo opinó: “Yo creo que la objeción de Ledesma de que los crímenes de lesa humanidad, si no se utilizaron en el juicios, no se pueden utilizar para la prescripción, es válida. Aquí hay un problema grave de prescripción”.
         
Rechazaríamos, también por razones morales, que se cometan las mismas aberraciones jurídicas con quienes ayer agredieron a la Nación y hoy gozan de los favores oficiales y desempeñan altísimos cargos en los tres poderes del Estado Nacional. Las acciones penales contra todos los contendientes están irreversiblemente extinguidas y así deberán declararlo en algún momento los jueces, si la Justicia es finalmente restablecida. Porque, como lo ha declarado la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en su dictamen del 25 de agosto de 2005, descalificando la línea jurisprudencial iniciada a partir del año 2004, “los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, cosa juzgada, derechos adquiridos, no sólo están en el texto de la Constitución Nacional, sino en su espíritu y, más aún, constituyen la esencia del constitucionalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, principios que no han sido modificados por las etapas posteriores del constitucionalismo, que tienen varios siglos de vigencia y que nunca han sido cuestionados”.
       
Desde el poder, con un cinismo insoportable, se exaltan los derechos humanos a través de genuinos intérpretes de una concepción groseramente restringida de tales derechos, opuesta a la nota esencial de universalidad que debe caracterizarlos. Es una concepción viciosa, que hoy, para un sector importante de los argentinos, sustituye a la legalidad, y para otros sirve de marco de impunidad para cometer cualquier clase de delitos y realizar pingues negocios. Ya no rigen ni las garantías constitucionales ni el Código Penal para aquellos que han sido fulminados por la acusación de haber cometido delitos de “lesa humanidad”.
       
Los agresores de la sociedad civil, ahora son apañados y se los destaca como personalidades ejemplares, además de ocupar altos cargos en el Gobierno. A los causahabientes de quienes se alzaron en armas contra el Estado se les pagaron abultadas indemnizaciones. Los “derechos humanos”, han sido utilizados por el kirchnerismo como herramienta política, para conseguir el poder que no tenían, además, como ya dije, y está a la vista, al servicio de un pingue y obscuro negocio, del que nosotros, a través de una acción de amparo que interpusimos, solo podremos sacar a la luz una pequeña punta del iceberg.
          
En efecto, luego de una minuciosa investigación, llevada a cabo por uno de nuestros abogados, el Dr. Oscar Vigliani, se pudo acreditar que sesenta y ocho personas que figuran como desaparecidas, cuyos causahabientes cobraron, por ese motivo, más de doscientos mil dólares por cada uno, en realidad eran guerrilleros que participaron y fueron muertos en combate, en los ataques al Regimiento 29 de Infantería de Monte, en Formosa; los cuarteles de Azul, Villa María, Fray Luis Beltrán y Monte Chingolo.  Todo ello con anterioridad al 24 de marzo de 1976, en plena vigencia de gobiernos de iure. Es decir, estamos ante el absurdo que el propio estado indemnizó a parientes de quienes se alzaron en armas en su contra. Como dije, ésta es solo la punta de una gigantesca defraudación, obra de una banda de desaprensivos funcionarios, que le ha costado millones de dólares al Estado, millones de dólares a los argentinos, se estima entre 1.500 a 1700 millones de dólares, que han ido a parar sin control alguno vaya uno a saber a cuantos obscuros intermediarios y funcionarios que han medrado, nada menos que a través de la muerte de otros, que, si bien profundamente equivocados, jugaron su vida por ideales que estos depredadores dicen sostener, pero que en la guerra no movieron un dedo, sino que se dedicaron, al menos los Kirchner, a los negocios en Santa Cruz. Puedo adelantarles que el Ministerio de Justicia ha reconocido que efectivamente, los familiares de treinta de los denunciados en nuestra acción de amparo, recibieron las indemnizaciones previstas para los desaparecidos. Como se ve, es la punta del iceberg.
        
Me imagino que los llamados “jóvenes idealistas”, que en ese entonces se alzaron en armas contra el Estado argentino, poniendo en juego sus vidas, de ninguna manera habrían sospechado que su lucha iba a concluir en este descomunal negociado.  Resulta que ahora los derechos humanos son fuente de negocios.  Derechos Humanos S.A., como los llamamos […]
         
Parece que tamaña corrupción no conmueve a nadie. Sobre esto nadie habla, la sociedad guarda silencio, en general por ignorancia y la dirigencia política también guarda silencio, pero este silencio sí es doloso.
         
Como dije, a instancias del Poder Ejecutivo, el Congreso resolvió anular los indultos que habían sido homologados por la Corte Suprema y las leyes de obediencia debida y punto final que habían extinguido las acciones penales, leyes de amnistía que fueron declaradas constitucionales por el mismo alto Tribunal.  Luego, la Corte Suprema a través de distintos fallos, dócil a las órdenes del Poder Ejecutivo, posibilitó la reapertura de los procesos, vulnerando la garantía de la cosa juzgada, violando de modo manifiesto el principio de legalidad, aplicando retroactivamente normas penales, desnaturalizando la forma republicana de gobierno, desconociendo la presunción de inocencia que tienen todos los procesados, negando la detención domiciliaria a quienes en derecho les correspondía, excediendo en muchos años los límites impuestos a la prisión preventiva por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su ley reglamentaria, y ejecutando un amplio abanico de medidas persecutorias que sólo sirven para profundizar la discordia y frustrar la necesaria unión nacional.
         
La Convención Reformadora de 1994, en la misma sesión plenaria que aprobó la redacción del actual artículo 75 inciso 22 y otorgó jerarquía constitucional a varios convenios internacionales, rechazó la pretensión de que los delitos de lesa humanidad fueran imprescriptibles y no susceptibles de amnistía, indulto o conmutación. ¿Cómo es posible que ahora se reclame que los jueces juzguen y condenen rápidamente a quienes ya han sido amnistiados o indultados por delitos que, además, se encuentran prescriptos?
        
Señores, nosotros no nos agrupamos para reivindicar el llamado Proceso. Sin embargo somos concientes que en los años setenta hubo una guerra, y que la subversión marxista agresora, fue derrotada en el terreno de las armas, por esas Fuerzas Armadas que combatieron en defensa de la Nación. Cambió el campo de batalla de la antigua guerra sucia de los años setenta entre terroristas que atacaban y militares que defendían.  Ha sido ahora reanudada, después de años de olvido y de tranquilidad, en este nuevo campo de acción: el ámbito judicial, a través de juicios plagados de irregularidades y arbitrariedades contra los imputados.
          
Somos consientes de que se cometieron torpezas en medio de la guerra. Pero somos igualmente conscientes de que hoy, en tiempos de paz, tanto el poder político, en el que muchos de los terroristas de entonces se han encaramado, y los jueces prevaricadores que le son funcionales, llevan adelante este plan perverso de odio y venganza, que, además demolió las Fuerzas Armadas y de Seguridad, dejando, hoy, a la Nación absolutamente indefensa ante la región y el mundo.
Estos jueces deberán responder por la responsabilidad que les cabe. Hoy podemos afirmar, con inmensa preocupación, que respecto de un importante sector de la ciudadanía, la legalidad y el derecho, han sido sustituidos por un esquema ambiguo y difuso denominado “política de derechos humanos”.
           
En agosto del año pasado, en una elocuentísima demostración de la decadencia que vivimos, el presidente de la Corte, Dr. Lorenzetti, acompañado de varios ministros y políticos, absolvió posiciones ante las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y frente al prevaricador Garzón, quien tuvo la osadía de visitarnos, para fiscalizar la conducta de estos jueces serviles y prevaricadores como él.  En esa oportunidad y ante semejante auditorio, el Presidente del máximo Tribunal de la República, declaró que “no habrá marcha atrás en los juicios de derechos humanos”, y agregó que el avance de estas causas no sólo es el resultado de una decisión política, sino del involucramiento de todos los poderes, y en especial, enfatizó, del poder judicial. Continuó manifestando que “el avance de los juicios por derechos humanos son el resultado del esfuerzo institucional de los tres poderes del Estado”, y afirmó que valoraba la decisión del Congreso de anular las leyes de punto final y de obediencia debida como la de la propia Corte de declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Como broche de oro, dijo que habían creado una comisión interpoderes para llevar adelante esa “política de Derechos Humanos” como una política de Estado. Para colmo, acaba de editar un libro: “Derechos humanos: justicia y reparación”, en el que ratifica con clara contumacia estos desvaríos y será presentado, con bombos y platillos el 27 de este mes en la Facultad de Derecho del UBA. El marco, será el de siempre, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, y demás acólitos de la izquierda revolucionaría. No quiero imaginar cuantos dirigentes políticos se sumaran a la demostración. En un anticipo publicado en la revista “Noticias”, el Dr. Lorenzetti manifestó que “los juicios de lesa humanidad forman parte del contrato social de los argentinos y constituyen una decisión colectiva, un consenso que va mas allá de cada dirigente, que no tiene dueño y que nadie puede ya impedir”.
        
Señores, me extendí en estas manifestaciones del Presidente de la Corte, por cuanto considero que son de una gravedad extrema.  Se acabó la República por cuanto hace tabla rasa con la división de poderes, comete un grosero prejuzgamiento, reitera el gigantesco prevaricato en el que incurrió la Corte, evidencia que se ha operado la sustitución del Código Penal, por una difusa “política de derechos humanos” y, al declarar que esta injusta política es una política de Estado, está descartando la posibilidad de la reconciliación de los argentinos. El desprecio por los grandes principios del derecho y el abandono de la legalidad significan la destrucción del sistema civilizado de convivencia.  Ningún ciudadano debiera consentirlo y ningún hombre de derecho dejar de denunciarlo. Creo que hay mérito suficiente para pedirle el juicio político […]
           
Todo esto configura un verdadero desvarío jurídico que incrementa el rencor y el resentimiento, y, como dijo Recondo, ex-presidente de la Asociación de Magistrados, “el desapego a la ley en defensa de intereses facciosos, ha tocado fondo en la argentina” […]
         
La sociedad en general, la dirigencia política y empresaria dan vuelta la cara ante esta ominosa realidad. No es políticamente correcto hablar del asunto. Esta ponzoña, que envenena el alma de nuestros ciudadanos desde su más tierna infancia, no ha merecido, que yo sepa, salvo contadas excepciones, la más mínima condena. En estos tiempos de campaña electoral los dirigentes políticos, nos hartan con sus peroratas vacías, en las que ignoran dolosamente los hechos apuntados, sobre todo algunos que no se cansan de hablar de la moral y los valores. No se sabe de que moral y que valores, ya que, cuando les tocó como diputados, votaron por el matrimonio homosexual, o le hicieron “una verónica” como expresó con un cinismo insoportable una de las candidatas a la presidencia […]
          
Esta realidad que hoy denunciamos está en sintonía con el formidable avance de una implacable revolución cultural que, aunque originada en el mundo, antes de ahora, ha cobrado en estos últimos tiempos una inusitada gravedad en nuestra patria, afectando severamente el orden social y especialmente a la institución de la familia, con leyes como la del matrimonio homosexual, ahora acompañada con la posibilidad de cambiar el sexo, y el aborto, estas últimas a las puertas de ser sancionadas.  Ello se suma a la destrucción de las Fuerzas Armadas, a la persecución que padece la Iglesia Católica, cuya influencia y ascendiente en la sociedad argentina se intenta reducir a la mínima expresión, empujándola a recluirse en el secreto de sus templos y a desertar de su misión providencial de formar a los hombres para la construcción de una sociedad justa. La cizaña ha crecido mucho en nuestra patria, pero no desesperemos, todavía queda trigo bueno y en algún momento llegará el tiempo de la siega.
  
Hemos denunciado, y no nos cansaremos de hacerlo, que el avasallamiento de los principios más básicos del derecho, empezando por el principio de legalidad, origina que cualquier ciudadano argentino esté en libertad condicional, sujeto al capricho del poder político. Esto no es una presunción retórica.  Hemos visto como, desde la Presidencia de la República, se impulsó el procesamiento y encarcelamiento de conocidos empresarios, vinculados a los medios mas importantes de la prensa escrita, a Jueces, a quienes considera hostiles a los fines del Gobierno, acusándolos de absurdos delitos de “lesa humanidad”. Les decimos a quienes hasta ahora se han mantenido indiferentes ante esta lacerante realidad, que pueden ir por ellos y por sus bienes. La persecución no tiene límites.
     
La paz social, la verdadera paz, definida por San Agustín como “la tranquilidad en el orden” es una condición indispensable para cualquier gobierno que se proponga un mejor futuro. La confrontación no debiera ser un instrumento de poder. Es imprescindible volcar los esfuerzos y las esperanzas hacia un futuro que debería construirse con todos y para todos los argentinos. Por ello, se hace necesaria la pacificación y reconciliación. Que Dios nos ayude.
  
Alberto Solanet
  

7 comentarios:

Anónimo dijo...

Magníifco sr. Solanet, totalmente de acuerdo. Hoy gobierna la z<urda criminal. A la vez, pienso que los militares se merecen en parte lo que les pasa por no haber tenido los cojones de fusilar a los militares ladrones y asesinos, que los hubo. Como hizo y hace la igleisa, se tapan, y luego no tienen autoridad. Es una pena. Cuando yo hice con orgullo mi servicio militar (en El Plumerillo) eran todos "muy machos" pero no se donde estuvieron cuando no ahorcaron en la plaza a los ladrones y criminales, que fueron a la guerra por negocios. CD

Anónimo dijo...

Totalmente de acuerdo con el anonimo anterior...

Memoria dijo...

Mientras sigamos haciendo setentismo esta Patria no se recupera más. Setentismo de uno y otro lado sólo alimentan un fuego inútil. Si hubieran hecho las cosas bien y con una intención NACIONALISTA esto no estaría pasando. Pero fueron LIBERALES, que los defienda entonces la ONU. Claro que hay honrozas excepciones,pero son excepciones. Preocupémonos mejor por reconquistar la Patria y aplicar en ello todo recurso y energía. El resto vendrá por añadidura.

Anónimo dijo...

Tiene mucha razon el primer anonimo. Este es el resultado de la falta de decision de los hombres de armas.

Anónimo dijo...

son realmente prisioneros de guerra o todo esto es una farza para que no sean juzgado en el extgerior-?? me resulta increible la quietud de las ffaa sino se entiende de esta segunda forma. el vikingo

Anónimo dijo...

Bueno lo dicho por este Sr. MEMORIA...de acuerdo

Anónimo dijo...

Totalmente de acuerdo con el contenido del discurso de Solanet y con los comentarios. Sólo en el marco de una sociedad reglada por las enseñanzas de la verdadera tradición católica y de la mejor tradición Argentina podrá haber justicia y bienestar en este país.
Martín Andújar.