Declaraciones

LOS GOBERNANTES
Y SU EJEMPLO

ALGUNOS HECHOS

“Me pondré a «laburar» de inmediato”, le dijo un ministro a los periodistas en cuanto conoció su designación. El Poder Ejecutivo denominó “yuyo” a un cultivo que es consecuencia de estudios muy complejos; a un médico que mereció se lo designe como ciudadano ilustre, se lo hace esperar cinco horas para hacerle entrega de la distinción, sin que ello ocurriera.

El Congreso de la Nación es entendido como una Escribanía; los integrantes del Poder Judicial suelen adelantar sus opiniones a los medios de información sobre temas que están o luego serán sometidos a su consideración o dan entrevistas sobre los casos que tiene para resolver.

Los índices oficiales de precios y de otras variables son manipulados a discreción; los actos de gobierno se fundamentan en causas casi contradictorias, según el funcionario o el momento en que se dan las explicaciones (con las retenciones al agro primero se pretendía mantener bajos los precios internos; luego se argumentó que se realizaría obra pública con sentido social; más adelante, que se afrontarían pagos de la deuda externa; más luego, la finalidad fue gravar un renta extraordinaria ….); se dicta una resolución ministerial (Resolución Nº 125 de Ministerio de Economía) incomprensible aún para los expertos, y a través de un decreto se la pretende derogar, sin usar ese término y creando más confusión; se usan los Considerandos de ese mismo decreto para negar la realidad y el funcionamiento correcto de las instituciones.

Algunos funcionarios promueven la despenalización de la droga, mientras otros denuncian al “paco” como factor significativo en el aumento de la delincuencia y entidades representativas de la lucha contra el narcotráfico empiezan a considerar a nuestro país como lugar de asiento de carteles y de fabricación de droga.

La inseguridad se mantiene pero se sostiene que es una sensación sin correlato con la realidad; la Secretaría de Cultura del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, publica un cuadernillo con datos sobre Buenos Aires con errores de ortografía, falta de uso de las mayúsculas, contenidos equivocados, aunque se sostiene a nivel nacional y local que la educación es una prioridad…

El lector podrá agregar muchos hechos más con estas características fundamentales: se dice algo y se piensa otra distinta o se actúa de diversa manera.

ALGUNAS CONDUCTAS

Si el gobernante es incoherente, si se vuelve mentiroso, si no respeta al idioma, si cambia sus argumentos según la conveniencia del momento, si subestima a los gobernados, si busca engañarlos, si los degrada bajo un paternalismo cercano a la demagogia, si fomenta la división de la ciudadanía y su enfrentamiento; si promete una reforma política ante el reclamo ciudadano (“que se vayan todos”) pero se mantiene el sistema vigente de listas sábanas logrando el efecto inverso (“se quedan todos”); si no cumple las leyes, por mínimo que sea lo que regulan; ni hablar si un Gobierno es sospechado de corrupto; ¿qué autoridad moral tendrá para exigir buenas conductas de los ciudadanos? ¿Por qué razón el ciudadano no puede actuar igual? ¿Por qué deberá seguir cumpliendo con sus obligaciones, muchas veces arduas y entorpecidas en su cumplimiento por el mismo Gobierno?

¿Por qué y para qué cumplir con las leyes? Si el cargo público es visto por algunos gobernantes como un coto de caza, a través de cuyo desempeño en breve lapso se podrá adquirir un patrimonio suficiente para no trabajar más; ¿por qué el Estado puede exigir al ciudadano común el pago de sus impuestos, si tiene serias sospechas de que serán destinados a hacer crecer las arcas de sus gobernantes, o asegurarles a éstos su reelección y permanencia en el cargo?, ¿cómo puede exigir conductas irreprochables en el sector privado?

ALGUNAS REFLEXIONES

A la luz de los hechos relatados y conductas descriptas, quisiera hacer hincapié en una de las funciones del Estado (y que por lo tanto deben implementar los gobernantes): me refiero a la ejemplaridad. Con ello hago referencia a que entre las obligaciones de todo Gobierno, una de ellas es la de servir de arquetipo para los ciudadanos; en otras palabras, que al observar el modo de actuar de los diversos poderes del Estado y de cada uno de sus funcionarios, sea el poder administrador, el poder legislador ó el judicial, y ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, se trate del más alto funcionario ó de un simple ordenanza, los gobernados puedan tomar como pauta objetiva de su obrar, como ejemplo, como conducta a imitar, lo que hacen quienes dirigen la sociedad; que el hacer del funcionario público pueda ser tomado como pauta de conducta valiosa y enriquecedora para la sociedad.

Con el uso correcto del idioma, el respeto a la división de poderes, la honestidad intelectual, la moralidad de sus actos, el decir y actuar la verdad, el dictado de leyes y normas justas, claras y comprensibles para el común de la ciudadanía y su cumplimiento (aún las más sencillas, como las normas de tránsito o de urbanidad), el respeto hacia el ciudadano que debe realizar un trámite, y cuya dificultad está dada las más de las veces por la propia reglamentación dictada por la repartición en cuestión, el reconocimiento de un derecho legítimo sin enmascararlo como una dádiva ó gracia real, etc., con todo ello el gobernante está cumpliendo con su principal labor, la búsqueda del bien común político.

Pero no es suficiente, se le exige más: pues con su sola presencia, debe educar, debe formar, debe “educir” haciendo salir lo mejor que hay en cada ciudadano, debe dar certeza y seguridad acerca de la bondad de lo que actúa o propone y facilitar así el espíritu de imitación.

Parece absurdo que el gobernante pueda actuar de cualquier forma, ser incoherente entre su verbalización y su obrar, y simultáneamente le exija al hombre común, la mayoría de las veces como consecuencia de su propia ineptitud y desidia, conductas cercanas a la heroicidad (o acaso no lo es obtener un turno en el sistema oficial de salud; que los beneficiados por sentencias por reajustes jubilatorios deban aceptar que sean sus herederos los que, quizá, perciban esos beneficios; quedar a merced de la inseguridad y la violencia; un sistema educativo colapsado; la obtención de los documentos de identidad y sus largas colas; dar de baja ciertos servicios sin que los organismos de contralor pongan coto a las situaciones tragicómicas que se plantean a diario; el traslado de obligaciones propias e indelegables del Estado a los particulares que vuelven a algunas profesiones cuasiempleadas del Estado; tener que soportar el pago de créditos legítimos con Bonos Estatales de bajo o nulo rendimiento y cuya cotización depende de las políticas económicas ó de los índices que dicta el propio Estado obligado; entes reguladores que no cumplen con su labor de contralor...).
La terquedad y necedad de ciertos funcionarios paraliza el ciclo productivo y la cadena de pagos; el ejercicio de la autoridad a destiempo o su falta de ejercicio vuelve caótica la vida social; se suscitan burdas confusiones: la soberbia con autoridad; el rectificar ó reconocer errores con debilidad; la subjetividad con la realidad; la ideología con el ejercicio de la política; la propia visión con la verdad.

ALGUNOS MOTIVOS

Y sí, a esta altura algún paciente lector pensará por qué esta exigencia al gobernante y funcionario y sólo en menor grado al gobernado; precisamente porque los primeros son quienes han sido elegidos para ejercer la autoridad dentro de ciertas pautas éticas; quienes deben ordenar, mandar, administrar, dictar justicia; porque son quienes se han ofrecido por vocación a cumplir esas labores; porque el servir implica actuar según los deseos y el mandato de los servidos; porque no es concebible que los ciudadanos los hayan elegido y estén dispuestos a abonarles sus emolumentos y otorgarles ciertos beneficios, sin exigir como correlato una conducta ejemplar, digna de imitar; porque la mayoría de los que los han elegido, quieren vivir mejor y quieren que sus hijos se eduquen en una sociedad donde se respeten ciertos valores, no solo desde la perspectiva racional, sino y sobre todo, a través de las conductas de los que mandan.

Porque quienes quieren gobernar, deben comprender que los ciudadanos no sólo los han elegido por sus conocimientos, su capacidad de administrar, su poder de convocatoria, sus discursos inflamados, su habilidad retórica, sino y primordialmente porque creen haber visto en él a alguien capaz de actuar correctamente, de saber descubrir las necesidades del pueblo, de encontrar los medios para satisfacerlas a través del ejercicio de la prudencia, capaz de sacrificio, de contracción al trabajo, de saber elegir colaboradores, de tener visión de futuro, de pensar con grandeza, de ser respetado por su coherencia entre su pensamiento y acción; no resulta lógico ni creíble que la ciudadanía elija a sabiendas personas para los cargos públicos que no sean modelos a imitar.

El ciudadano también debe dar ejemplo por cierto, pero su ámbito de actuación es más reducido, su influencia menor, sus acciones no llegan a los medios de comunicación, el daño social de sus incoherencias es notablemente inferior al de aquellos que libremente han elegido el ámbito público.

Porque es al gobernante a quien le corresponde marcar rumbos, mostrar caminos, señalar horizontes, favorecer una convivencia donde la paz ciudadana esté asentada en bases firmes; al fin, llevar a la comunidad como tal y a sus integrantes, a ser mejores. No basta entonces el uso y ejercicio de la inteligencia con honestidad, también la voluntad del gobernante a través de su conducta ejemplar resulta otra de las bases en que se asienta el buen gobierno, que como bien decía Edmund Burke hace ya más de dos siglos, es uno de los primeros derechos que tiene toda comunidad.

Instituto de Filosofía Práctica, 30 de octubre de 2008