De pluma ajena

Hemos recibido un extenso y sólido trabajo del Dr. Carlos M. Shäferstein titulado: “La ligereza en la interpretación del término genocidio”. Transcribimos, para su lectura crítica, un fragmento del mismo dada la particular importancia que tiene para los argentinos.

EL GENOCIDIO
EN ARGENTINA

Es un hábito muy “progre” hablar en Sudamérica del “genocidio de los pueblos originarios”. El genocidio que, según estos novedosos “investigadores” y filósofos de la izquierda, habría comenzado en 1492 (¡!), con el descubrimiento de América y la evangelización de los pueblos originarios y sus territorios.

En el CONICET [1] escriben los becarios que la colonización hoy continúa y se profundiza, afectando actualmente a la totalidad de la vida de nuestro continente. “El apetito voraz y criminal de los colonizadores de turno pone en peligro terminal la existencia y el entorno de los primitivos, que, según denuncian, son millones de seres indígenas que sufren hambre, desempleo, contaminación y pérdida de autonomía alimenticia.” [2]

Si bien esto no es verdad ya que los Catequistas que llegaron con los adelantados no eran racistas y no impedían el mestizaje por matrimonio en estas tierras. Siendo así las razas indígenas desaparecieron de forma incruenta, por asimilación natural. Pero las alianzas políticas de los Kirchner con Evo Morales, Rafael Correa y Hugo Chávez, reavivaron un conflicto inexistente en Argentina, como detonante para poner otra tronera contra los militares y las jerarquías eclesiásticas, a quienes se acusa de exterminar a los mapuches durante la campaña del desierto, en 1879.[3]

Como se sabe, los mapuches provienen de Chile y mataron a los tehuelches, que eran indígenas argentinos, buenos y serviciales. Los mapuches no tienen derechos sobre los territorios que ocuparon.[4] Los tres ejes conforman la cadena argumentativa utilizada en la Campaña al Desierto, que fue retomada con insistencia en los últimos meses por los grandes estancieros nucleados en la Sociedad Rural y los medios de comunicación que le son afines para exigir represión frente a los reclamos de los pueblos originarios.

Así las cosas, los indígenas son el símbolo del retroceso cultural alcanzado y la necesidad de negar toda vinculación a occidente Cristiano. Los nombres de los héroes de antaño son reemplazados por los de caciques y hechiceros tribales, y hasta la figura del General Julio Argentino Roca fue denostada, estando por ser derribados sus monumentos en todo el país, por ser símbolo de “represión genocida”.[5]

Lo trágico de toda esta historia es que las tierras no volvieron jamás a los aborígenes o sus presuntos descendientes, sino que cambiaron de titularidad hacia capitales vinculados con el poder, tras el cual, obviamente se parapeta el poder judío mundial.

En los Estados Unidos había un movimiento radicalizado similar que sólo pudo ser detenido cediéndole la gran parte de la industria de los casinos y juegos de azar a estos grupos tribales remanentes, que también traspasaron el negocio a las antiguas corporaciones mafiosas de las cuales ya habían sido erradicados los judíos que residen en Norteamérica, otra “tribu perseguida” a quienes “las víctimas del genocidio de Wounded Knee” endosaron aquel filón.[6]

Volviendo a estos parajes, recientemente la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA repudió la aparición de artículos periodísticos que desacreditan la preexistencia del pueblo originario mapuche, desconociendo legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas, denuncia un comunicado del Consejo Directivo de esa casa de estudios. “La avanzada contra el pueblo mapuche aparece en un contexto de creciente reivindicación de sus derechos (con el correlativo aumento de la conflictividad), el pedido de judicialización de los movimientos sociales y el reciente asesinato de un miembro del pueblo diaguita en Tucumán. La particularidad del caso es la utilización de un argumento erróneo, ampliamente difundido como cierto en la opinión pública, pero refutado por la historia y la antropología, que pretende demonizar al pueblo mapuche y arrebatarle derechos estipulados en la Carta Magna y tratados supranacionales”… “La razón fundamental de esta persecución mediática se debe a que el pueblo mapuche quiere sacar a la luz la manera fraudulenta e ilegal en que se han apropiado de la tierra indígena, mal llamada ‘tierra pública’, donde privados especuladores han contado con complicidad de organismo públicos. Es urgente un pacto con el Estado para generar la restitución territorial.” Walter Del Rio, investigador del CONICET, afirma que “Hacia la década de 1870 (inicio de la Campaña del Desierto) convertir la globalidad de la población originaria de la Pampa y Patagonia en ‘invasores extranjeros’ otorgaba una supuesta legalidad a las campañas militares que las sometieron, expulsaron y se apropiaron de sus tierras y fuerza de trabajo”. El historiador solicita que, al analizar el presente, se tenga en cuenta el accionar de las campañas militares de los Estados argentino y chileno. “Atacaron coordinadamente y se repartieron los territorios. Concebían a la sociedad indígena como una unidad que debía ser destruida en su conjunto.” [7]

En idéntico sentido, Alejandro Andreassi escribió “Dictadura militar en Argentina (1976-1983): naturaleza y antecedentes del Estado genocida”, libelo en el que tergiversa desde la campaña del desierto hasta la guerra contra la subversión terrorista.[8]

Así, a instancias de Adolfo Pérez Esquivel y “Abuelas de Plaza de Mayo”, el abogado alemán Wolfgang Kaleck durante el I Congreso sobre DDHH y el principio de Justicia Universal, celebrado en Madrid el 1º de marzo de 2001 presentó una demanda por genocidio contra militares argentinos en general, fundamentándose en el “Estatuto de Nüremberg”, expresando que a partir del juicio a los militares de 1985 y posteriormente los procesamientos por ocultación sustracción y retención de menores en 1999 ha quedado acreditado para los jueces argentinos la existencia, durante la última dictadura, de actos que constituyen el delito internacional de genocidio.[9] Por tal motivo se avocó el Juez Baltasar Garzón, de España, pidiendo la extradición de los militares argentinos.[10]

Lo cierto es que todo esto desnaturaliza, altera, confunde y enreda el texto de la Convención de Naciones Unidas de 1951 para la prevención del genocidio, que dice textualmente:

“Art. 1) Cualquiera que, por odio respecto a una colectividad racial, religiosa o social, o con miras al exterminio de ésta, emprenda una acción punible contra la vida, la integridad corporal, la libertad, la dignidad o la existencia económica de una persona que pertenece a tal colectividad, es pasible, por el crimen de barbaridad, a la pena de (…) a menos que su acción esté prevista en una disposición más severa del Código respectivo.

“El autor será pasible de pena, si su acción se dirige contra una persona que declara su solidaridad con una colectividad similar o que se pronuncia en favor de ésta.

“Art. 2) Cualquiera que, por odio contra una colectividad racial, religiosa o social, o con miras al exterminio de la misma, destruyere sus obras culturales o artísticas, será pasible por el crimen de vandalismo a una pena de (...) a menos que su acción esté prevista en una disposición más severa del Código respectivo”.

El propio Lemkin escribe un artículo titulado “El Genocidio como un crimen bajo el derecho internacional” en el que sostiene que “Los Estatutos se interpretaron como que los actos inhumanos y las persecuciones a la población civil no hostil serían penalizados sólo cuando se cometieran durante o en relación con la guerra. Al declarar el genocidio como un crimen bajo el derecho internacional y convertirlo en un problema de interés internacional, se ha establecido el derecho de intervención en nombre de las minorías que son señaladas para su destrucción.”[11]

O sea, el autor de la norma excluye expresamente los actos de guerra, entre combatientes o en defensa de la Patria.

Lo cierto es que en Argentina, no sólo se ha elaborado, lucubrado y adulterado el concepto de “genocidio”, sino que hasta se está violando el Estatuto de la CPI (Corte Penal Internacional) de 1998, que establece una pena máxima y excepcional de 30 años de prisión a quienes sean autores materiales de los crímenes más graves de trascendencia internacional y de “extrema gravedad” [sic]. En efecto, los últimos pronunciamientos en Rosario, Tucumán, Córdoba y Salta implican la condena a muerte de los encartados, que por cierto jamás fue probado sin lugar a ninguna duda razonable que hubieran cometido los hechos que se le imputan.

El último presidente de la Junta Militar, Reynaldo Bignone (82 años), fue condenado a 25 años de cárcel e inhabilitación absoluta y perpetua. Por otra parte, el ex Comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, (86 años) también fue condenado a 25 años de cárcel, lo mismo que al ex Jefe de Inteligencia, Fernando Verplaetsen, de casi 90. El ex Director de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, Jorge García, recibió 18 años de prisión; el ex Jefe del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, Carlos Tepedino, fue condenado a 20 años; y el ex Director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate "General Lemos", Eugenio Guañabens Perelló, a 17 años.

Además, los responsables de ejecutar la venganza montonera les revocaron la prisión domiciliaria, por lo que todos los ancianos también deberán cumplir su condena en una cárcel común, en condiciones deplorables. Su único alimento será arroz frío y pasado, con deposiciones de ratas y rezarán por no enfermarse, porque ningún tratamiento médico se les dispensará ni continuará.

Los acusados, todos mayores de 80 años, seguramente, abandonarán la prisión en un cajón de madera barata. Y hay más de un millar y medio de militares, de todas las jerarquías y edades diversas, haciendo turno para ser juzgados por estos “tribunales especiales”.

¿No sería éste un buen momento para darle urgente intervención a la Corte Internacional de Justicia para que revise las penas y los hechos?



NOTAS:
[1] El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) es un ente autárquico dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina destinado a promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología en ese país. Fundado en 1951 por el General Juan Domingo Perón, su misión ha sido desvirtuada en los últimos años, donde pululan historiadores revisionistas, antropólogos sociales y sociólogos gnósticos o ateos, empeñados todos en la anulación de la historia y las tradiciones argentinas para reemplazarla por otra versión revisionista de su pasado.
[2] José M. Borrero Navia: “Imaginación abolicionista”. ©Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA - Oficina Regional para América Latina y el Caribe - Primera edición: 2002 ISBN 958-97187-0-1
[3] El gobierno de los Kirchner ha planteado trasladar la imagen del ex presidente - está en Diagonal Sur y Perú- a una estancia familiar. La consideran "un insulto a los pueblos originarios". La iniciativa para quitar los monumentos del General Julio Argentino Roca no es nueva sino que es un pedido de muchos años de parte de los pueblos originarios, que siempre estuvo acompañada por el historiador Osvaldo Bayer. En este contexto, la Legislatura porteña analiza un proyecto para sacar la obra que conmemora a Roca emplazada en el micro-centro porteño y trasladarla a una estancia que es propiedad de los descendientes del ex presidente que lideró la denominada “Campaña del Desierto”. La iniciativa del traslado de la estructura que se levanta en la plazoleta ubicada en la intersección de la Diagonal Sur y Perú propone quitar la obra y posteriormente denominar a ese espacio "Homenaje a la Mujer Originaria". "Es un insulto para los pueblos originarios seguir manteniendo a pocos metros de la Plaza de Mayo y de la Casa Rosada a la estatua de quien buscó exterminarlos y les quitó sus tierras”, expresa el proyecto que elaboró el legislador Fabio Basteiro. El proyecto presentado por el legislador de Proyecto Sur propone que la obra, que le pertenece al escultor uruguayo José Luis Zorrilla de San Martín, sea trasladada a la Estancia La Larga, que es propiedad de la familia Roca, en la localidad Bonaerense de Daireaux. “El monumento al general Roca no es un retrato aséptico del genocida-presidente, sino que tiene un contenido didáctico que muestra sólo una cara de la historia, silenciando la historia desconocida de aquellos que sufrieron por culpa de las acciones de dicho militar”, asegura Basteiro entre los fundamentos. Y agrega que "el delirio militarista del general Roca llevó hasta el extremo el desprecio por la vida humana”, por lo que considera que "no hay grandes obras públicas ni localismos trasnochados que justifiquen que semejante personaje siga ocupando su sitial vigilante en el centro de la ciudad. En las tierras pagadas con sangre y con la compañía de sus descendientes, estaría mucho mejor”, concluye. http://www.criticadigital.com.ar/ind...nota&nid=38894
[4] Guillermo Alfredo Terrero (1922): “Caciques y capitanejos en la historia argentina: La epopeya del desierto” Buenos Aires : Editorial Plus Ultra, 1974. Tomo III Página 284.
[5] Si bien no puedo omitir remitirme a la nota 19, en el Sur argentino también está por ser derribado el monumento a Roca, y han mutado los nombres de los expedicionarios en las calles de Bariloche por personajes del imaginario mapuche y hasta se está reemplazando la enseñanza católica por el culto a la “pacha-mama” y otros movimientos animistas, que ~desde Jujuy~ lidera la dirigente indigenista Milagro Sala, que responde directamente a órdenes de Cristina Fernández de Kirchner. Es un movimiento piquetero de enormes dimensiones que abarca a todo el país con el nombre de “Organización Barrial Túpac Amaru”
[6] Para mayor información ingresar a http://www.little-creek.com/. El gerente del casino es el cacique Abraham Mitelman.
[7] Véase, en Página 12 http://www.pagina12.com.ar/, los artículos de Darío Aranda, Jorge Gelman, y otros “revisionistas”
[8] Resultaría de utilidad ver Andreassi Cieri, Alejandro (1996): "Las Raíces del Genocidio: Los Antecedentes de la Militarización de la Política y de una Ideología del Exterminio en Argentina, 1880-1920", Boletín Americanista (Barcelona), año XXXVI, n.46, 19-54
[9] Sobre Wolfgang Kalek, por cierto miembro de la Bnai Brith, véase http://www.elargentino.com/nota-70449-Los-juicios-son-un-modelo-para-Europa.html
[10] Véase Blaustein, Eduardo: “Decíamos ayer. La prensa durante el proceso” Editorial Colihue, Buenos Aires. 1998 y Salinas, Pablo: “El Estado Genocida – La represión ilegal como práctica genocida”, libelo escrito por este abogado pablo_salinas1971@hotmail.com domiciliado en Rivadavia 680 de la ciudad de Mendoza, editado, exportado y publicado en todo el mundo por “Asociación Abuelas de Plaza de Mayo” http://www.abuelas.org.ar/material/archivo/jornadas15.PDF
[11] Véase Robinsón, Nehemiah: “La Convención sobre Genocidio”. Buenos Aires, Argentina. (1960). Bibliográfica Ameba.