Guiones de estilo

POLÍTICA
SOCIAL

Una política social sólo es legítima con la plena vigencia de la Justicia en la relación entre los integrantes de la Sociedad: Persona, Organizaciones Intermedias y Estado; es decir, en función del logro del Bien Común.

Su primer objtetivo consiste, entonces, en posibilitar, arbitrar y si fuera necesario imponer, los medios y remedios adecuados para la obtención del bienestar general.

Para ello deberá reconocer y enaltecer, en primer término, la dignidad de la persona humana, brindándole los medios necesarios para su perfección espiritual y material; exigiendo el respeto de la igualdad esencial de todos los hombres; favoreciendo su acceso a la educación y facilitando el armónico desarrollo de sus relaciones con otras personas, con los grupos intermedios y con el Estado.

La Familia, célula fundamental de la Sociedad, debe ser protegida por el Estado, mediante una legislación que reconozca su primacía en el orden social, su función educadora, su derecho a un patrimonio suficiente para el cumplimiento de sus fines que, por ello mismo, favorezca la propiedad familiar e impida todo lo que implique un menoscabo a su dignidad o tienda a su disolución. El matrimonio indisoluble y la patria potestad son los pilares sobre los que descansa y se vigoriza la institución familiar.

El Estado nacional deberá asegurar al trabajador de cualquier especie la obtención de una retribución justa, que le permita vivir decorosamente, la seguridad en su empleo y la igualdad jurídica respecto de sus empleadores. La consideración del trabajo como obligación y derecho social tutelado por el Estado, significará revalorizar su función de principal creador de riqueza y al mismo tiempo repudiar al mero usufructuario de bienes provenientes del trabajo ajeno, que no retribuye a la sociedad con ningún fruto de su propio esfuerzo. El trabajo es una de las más altas expresiones de la solidaridad, por lo que rechazamos toda concepción que promueva el enfrentamiento social y su consecuencia, la lucha de clases.

Para hacer realidad la solidaridad social, debe promoverse el agrupamiento de los trabajadores mediante asociaciones que representen sus intereses y se integren con las demás ramas y jerarquías laborales —obreros, técnicos y patrones— en forma vertical, favoreciendo de ese modo el acuerdo social y el amparo de las fuentes de trabajo y producción esenciales para la Nación. Los cuerpos profesionales, dotados de la mayor autonomía, brindarán las condiciones necesarias para la superación personal de los trabajadores mediante una adecuada formación técnica, el control de la profesión, el otorgamiento de pensiones, subsidios y seguros, liberando al Estado, mediante la recta aplicación del principio de subsidiariedad, de múltiples funciones que ha asumido indebidamente y que pueden y deber ser realizadas por organismos inferiores. Trabajadores y asociaciones que, en toda circunstancia, debe evitarse que se conviertan en instrumentos de la partidocracia, del espíritu de partido, negativos conceptualmente y fácticamente destructivos de la unidad social y nacional.

La acción del Estado debe expresarse mediante una política de reparación (en cuanto se debe al indigente un justo resarcimiento del despojo al que ha sido expuesto por el economicismo y la demagogia); una política de protección del desvalido respecto de los poderosos que inhumanamente abusan de él, y una política de promoción, que defienda su derecho al acceso a la propiedad, a viviendas dignas de su condición humana, al mejoramiento de su nivel cultural y a su salud física y espiritual.

La propiedad privada de la tierra no podrá ejercerse de manera antisocial, y es por lo tanto un deber del Estado velar para que la misma produzca racionalmente y proveer lo conducente a tal propósito. Por lo demás, el Estado impedirá su apropiación por sociedades o entidades contrarias o ajenas al interés nacional, que además, frecuentemente despojan al propietario aprovechándose de sus eventuales dificultades.

Política social es, pues, aquella que mira al bien de la Sociedad en cuanto tal y que está destinada al mayor número de los habitantes de una nación, según el Orden Natural.


POLÍTICA
ECONÓMICA

La economía, y por ende su conducción, deben estar ineludiblemente ligadas y subordinadas al proyecto político nacional. De lo contrario, seguiremos asistiendo a la desarticulación perturbadora de los factores económicos y a la supeditación de la política a los intereses financieros. Los frutos de esta sujeción están a la vista y su resultdos no pueden ser más catastróficos.

Por ello, las actividades productivas deberán estar ordenadas por un programa político afirmatorio de nuestro ser histórico, de la defensa de nuestro territorio y de la celosa preservación de los intereses nacionales.

Para el logro de estos objetivos es indispensable contar con una efectiva independencia económica que, al desligarnos de las presiones del capital financiero internacional y de sus agentes nativos, haga realidad la nacionalización de nuestra economía. Es decir, hacer que la riqueza de nuestra Nación revierta en beneficio de sus habitantes, especialmente de aquellos que colaboran en forma directa o indirecta en la obtención de los bienes económicos y no de los que medran con la usura y la especulación.

Para esta misión es imperativo revalorizar el papel del Estado en la economía, por la aplicación sustantiva y no meramente supletoria del principio de subsidiariedad, claramente enseñado por la Doctrina Social de la Iglesia. La aplicación de este principio no exceptúa al Estado del deber de asegurar para sí el control de la producción y del desenvolvimiento de todas las actividades que atañan a la defensa nacional y al crecimiento autónomo de la sociedad.

Rechazamos por atentatorio contra la economía nacional el principio liberal que pretende neutralizar y reducir al Estado hasta transformarlo en un mero espectador, indiferente e inmóvil, de las peores manifestaciones de la corrupción económica y financiera.

El Estado, como garante del Bien Común, debe proteger y garantizar los legítimos derechos de los grupos e individuos para la obtención de los diversos bienes necesarios para la comunidad nacional.

Propugnamos el estímulo de la libre iniciativa privada útil y el reconocimiento y la difusión de la propiedad privada usada con sentido social, todo lo cual implica el expreso reconocimiento de un principio de Derecho Natural.

Nuestras riquezas naturales no deberán ser jamás objeto de tratamientos contrarios a la suerte común de la Nación. Propiciamos el más decidido proteccionismo industrial, pero correlativo a rígidas normas referentes al destino del beneficio. Asimismo, las instituciones bancarias oficiales deberán ser inflexibles en el control de la banca privada nacional y extranjera, y exigentes, particularmente respecto de ésta y de toda otra inversión de igual origen, de que signifiquen verdaderas radicaciones dinerarias y tecnológicas y se sometan en verdad a las vicisitudes de la Nación y a la jurisdicción de sus tribunales de justicia.

La percepción de impuestos por el erario público no debe dar lugar a la insaciable voracidad fiscal que despoja al propietario legítimo, desalienta la producción útil, provoca la desocupación laboral, desordena las economías regionales y la sana distribución demográfica y, entre otros factores, estimula la insurrección ideológica y el caos social.

Proponemos adecuar el sistema impositivo para que tengan vigencia un efectivo federalismo y la correcta distribución de los recursos públicos, sin que ello signifique menoscabar al Estado en lo que respecta a la Defensa Nacional.

Impugnamos la contracción de toda deuda pública y privada externa que comprometa la seguridad actual y futura de la Nación y su capacidad de decisión soberana.

Rechazamos enérgicamente la llamada economía de lucro. Afirmamos que la felicidad del hombre no depende exclusiva ni primordialmente de la satisfacción de las necesidades materiales. Por ello, la economía debe estar al servicio de la persona —materia y espíritu— y no de un conjunto de hombres que, mediante el manejo inmoral de los medios de comunicación, promuevan artificialmente un desenfrendado hábito consumista.

Sostenemos, asimismo, que en el desarrollo de la economía nacional debe tener primacía la región y no la provincia en forma individual.

En síntesis, la economía debe servir a la Sociedad y a la Nación como instrumento del Bien Común; esto es, asegurar la justicia distributiva, fomentar la propiedad privada —incluida la de los medios de producción—, potenciar al país para asegurar su independencia, proveer de fuentes de trabajo, hacer posible la honestidad personal y eliminar los factores que degradan el nivel ético general.

Todo lo dicho entraña el rechazo frontal de las fórmulas del capitalismo liberal tanto cuanto las del capitalismo de estado marxista, las dos vertientes del materialismo filosófico economicista.