Judiciales

NUEVAS TENDENCIAS EN LA JUSTICIA

El título habla de una exposición referente a tendencias, vale decir propensión o inclinación hacia alguna cosa. Lo cual abre un amplísimo horizonte a variadas consideraciones. En la presente oportunidad, nos referimos a innovaciones que ocurren especialmente en el campo del derecho civil y penal. Sin agotar el tema –tarea casi imposible– ni por cierto asumir el rol de juzgador. Si, en todo caso, señalando los riesgos que hay. Por supuesto no se trata de todo aquello que tiende a “afianzar la Justicia” –fortalecerla– conforme al enunciado profundo de la Ley Suprema.

Comienzo por valorar la ocasión que me permite bosquejar algunos conceptos sobre este tema llamativo, que en verdad supera mis posibilidades. Venciendo en la aventura una fuerte inhibición, superada por la generosidad receptora que descuento.

Es difícil decir que esto es mío y novedoso, salvo la narración de hechos presenciados personalmente; lo que no es el caso de hoy, por cierto, a pesar de la longevidad manifiesta. De cuanto debo expresar entonces, empiezo por reconocer que lo único mío serán antiguas repeticiones con acotaciones, que provienen de una firme convicción fortalecida con los años. Tampoco –por su índole– creo necesario interrumpir con profusión de fuentes, bastándome la aclaración que reitero: Poco o nada es propio, salvo el énfasis sobre lo verdadero y los errores que son inevitables de la condición humana.

Ante todo, pues, conviene tener presente el antiguo significado de la Justicia. Y en verdad preocupa adicionalmente, tener que abordar ahora estos temas relacionados con ella, arriesgando el parecido con aquel tripulante que en pleno zafarrancho se ponía a contar historias de naufragios.

La instancia a este enfoque se vio reforzada por cierto espectáculo difundido en los últimos tiempos. Una especie de juzgamiento simultáneo –en estrados judiciales silenciosos y pantallas vocingleras– sobre un horrible asesinato. En la sede televisiva, verdaderos Jurados –con improvisación de especialistas– propalan toda suerte de versiones y suposiciones salpicando donde fuere. A veces presididos categóricamente con una voz engolada, descubriendo incluso la existencia de dos o tres clases de verdades: la verdadera, la verdad jurídica… y la verdad mediática.

Señalado el punto, conviene re- marcar que primeramente nos referiremos a la Justicia desde la faz memorial, enfocando el pasado hispanoamericano de nuestra civilización. Confirmatorio a la vez, de aquella lección confortante y acuciante de San Pío X: “No, la civilización no está por inventarse, ni la ciudad por construirse en las nubes. Ha existido, existe; es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata más que de instaurarla y restaurarla sobre sus naturales y divinos fundamentos contra los ataques, siempre renovados, de la utopía nociva, de la rebeldía y de la impiedad: Omnia instaurare in Christo”.

Y acotando –valga la digresión esperanzada– que “la Hispanidad es quizás la alternativa valedera que estamos en condiciones de presentar frente al Nuevo Orden Mundial”, como indicara al Padre Alfredo Sáenz en su medulosa obra “La Cristiandad y su cosmovisión”.

Destacando las notas más sobresalientes de esos tiempos, en aquella lejana plenitud, la misión del rey encabezando la jerarquía social, debía cumplirse al modo del padre de familia en bien del hogar. Su dominio no era despótico sino servicial. El poder al servicio de los súbditos, ejercido en dos ámbitos: el Gobierno y la Justicia. Sus símbolos, el cetro y la vara. (Esta última traducida acaso en el bastón presidencial).

Imperaba por entonces el sentido común. Y legislar suponía entender la realidad: cómo se constituye y cómo guiar la libertad humana procurando el bien común. Todo subordinado a la Verdad, ordenando las cosas temporales al orden de la eternidad. Para el mejor logro del fin último del hombre en consecución de la felicidad. Encaminada la limitación de libertades a la promoción del orden o tranquilidad pública, resultante de la sumisión a las leyes conforme a la justicia. Frente a lo cual, el crimen –como grave infracción de las leyes– era digno de una pena aflictiva (muerte, reclusión) o infamante (destierro, degradación). Procedía para ello una adecuada discriminación, apartando el obstáculo al bien común. En aquellos tiempos el hombre era hombre y la mujer mujer. Nítidamente. Y ante cualquier desajuste impensable, gravitaba naturalmente la lección de Sodoma y Gomorra. El frío era frío y el calor calor, sin relativas sensaciones térmicas.

En lo específicamente judicial, cabe subrayar –siguiendo a Ricardo Zorraquín Becú– que para el antiguo magistrado hispanoamericano era más importante la rectitud de conciencia que el saber jurídico. (Imposible imaginar a ninguno públicamente ajeno al decoro exhibiendo conductas escandalosas…).

Hace como veinte años, en una Alta casa de estudios se produjo un informe, según el cual el 85 por ciento de las leyes del país no sirven; es decir que de 26.000 leyes sólo cuatro mil son aplicables. Más allá de los aspectos técnicos del dominio de los juristas, al ciudadano común le asalta la sospecha de que esto se asemeja mucho a no tener ninguna ley. Y se explicaría entonces que en 1993 dos empinados políticos, prescindiendo del resto de la población, establecieran en el famoso Pacto de Olivos, la reforma de la Constitución Nacional, llegando a anticipar la nulidad absoluta de todo lo que se apartara de lo concertado por ellos dos. Evidencia ésta, de un verdadero desconocimiento de la Ley en el más alto nivel político.

Dicha reforma constitucional así nacida, ha dado lugar a la derogación de normas preciosas, junto a las incorporaciones de todo el linaje, que vayan ocurriendo. Circunstancia esta última que torna pretenciosa la presunción del conocimiento de las leyes por todos, e introduce factores distorsionantes de nuestro derecho tradicional.

Es interesante entonces recordar que el 17 de julio de 1996, el diario de Doctrina gravitante, expresaba bajo el título “Inseguridad Jurídica”, que “una sociedad jurídicamente impredecible lleva en su seno el germen de la disolución”. Indicando la extrema gravedad de este problema aparentemente irresoluble con el solo recurso a un Digesto de innovaciones legislativas. Entre tanto, al buen ciudadano más que nunca le cabe atenerse a los mandamientos del Decálogo, que desde luego no contienen leyes “secretas” ni decretos de “necesidad y urgencia”…

ALGUNAS NOVEDADES

El “per saltum”.  En los albores de la democracia restablecida y mientras nada lo hacía esperar, el más alto Tribunal intervino de repente en una causa particular, utilizando precisamente el “per saltum”. Lo cual se trató de una verdadera acrobacia, que por tal camino declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Matrimonio Civil (sancionada un siglo antes), en cuanto ella establecía la indisolubilidad del vínculo matrimonial.

OTRAS NORMAS

Reforma del Código Civil.  Sobre su impacto en la vida cotidiana de los argentinos, en “La Nación” (del 30 de julio de 2015) se ha dicho lo siguiente, que conviene transcribir: “La nueva ley traerá cambios muy concretos, que son, según los especialistas, un esfuerzo por aggiornarla al modo de vida de la sociedad actual. Así, la fidelidad desaparece como deber conyugal y la infidelidad, como causal de divorcio. Las personas que se casen podrán elegir si desean vivir juntas y si comparten sus bienes. Quienes decidan no contraer matrimonio podrán firmar un acuerdo de convivencia y determinar qué le toca a cada uno si se separan. Para divorciarse alcanzará con que uno de los dos quiera, y desaparecen las causas y los plazos”.

El Código anterior, que rigió por 144 años, reflejaba otro tipo de sociedad, que respondía a un único modelo de familia y a una forma más vertical de relaciones. A partir de ahora, la vida cotidiana de los argentinos deberá regirse por estas nuevas reglas.

Formar pareja. Para casarse hay que tener 18 años y los conceptos de hombre o mujer se reemplazan por “contrayentes”. De hecho se incorpora al Código el matrimonio igualitario, con todos sus alcances. Se extingue el deber conyugal de fidelidad y el adulterio ya no existe como causa de divorcio. La pareja tampoco está obligada a convivir y desaparece el deber de “mutuo respeto”. En cambio se deben asistencia y alimento.

Acuerdo de convivencia. Los que no se casen pueden elegir por firmar un acuerdo con mayores alcances que el de los matrimonios.  En caso de separación se puede puntualizar qué ocurre con la vivienda, qué tipo de educación tendrán los hijos y quién quedará al cuidado de ellos, qué sucederá con las mascotas y los bienes.

Divorcio exprés. Cambia la manera de divorciarse. Desaparecen los plazos y las causas. No habrá que demostrar ante un juez quién tuvo la culpa del fracaso matrimonial ni tampoco estarán obligados a hacer una terapia para recuperar la relación. Alcanzará con que uno de los dos decida romper la pareja. Para eso, deberá elaborar un plan y presentarlo ante el juez, proponiendo cómo se organizará la vida familiar desde entonces: los gastos, la vivienda, los hijos, las deudas, etcétera. La otra parte de la pareja podría enterarse de tal decisión, al recibir la notificación judicial.

Reproducción asistida.

DERECHO PENAL

Garantismo.  Doctrina a favor de la lenidad, mientras la población registra con pavor que el crimen crece incontenible.  Habiéndose llegado al extremo doctrinal de un alto propulsor –en la cima de los estrados– quien rechazaba incluso la mera sospecha… como atentatoria contra los Derechos Humanos.

Desaparecidos por ley. Una reciente ley de la Provincia de Buenos Aires, establece que debe utilizarse la cifra de 30.000 desaparecidos cada vez que se haga referencia “al accionar genocida en nuestro país”. Para que no quepan dudas, se deja establecido que la norma concierne al período que comenzó el 24 de marzo de 1976 y concluyó el 9 de diciembre de 1983.

Ley sobre el arrepentido. El presunto delincuente puede negociar a su favor con el Fiscal, aportándole informaciones sobre el caso.

Piqueteros.  Se crea un protocolo estableciendo la gestión para que cese el corte de las calles, pero el caso ya está contemplado en el artículo 194 del Código Penal. No olvidándose que el piqueterismo –como alimento de la rebelión social– fue promovido desde el foro de Manta (Ecuador). En el régimen anterior, ya se ha conocido la invasión de la vía pública en modo abrumador. Incluso con el temible “Vatayón militante” de criminales y la “murga” de presidiarios. A todo esto la inseguridad sigue en aumento, con pánico de la sociedad desarmada. Viene al caso recordar que el desarme general del mundo civil, fue propiciado por Lenín.

En fin, el gran peligro adicional es caer en la confusión, terreno propicio para la reingeniería social que pretende obtener la globalización. Vale decir la desaparición de las patrias y el establecimiento del pensamiento único con la colonización ideológica. En esto opera el cambio de las palabras, trastocando el lenguaje. Por ejemplo: ya no son asaltos, son “entraderas”. Las usurpaciones, son “tomas”, las violaciones quedan en “abusos”. Para peor, campeando en todo esto el apartamiento de la moral. Excluida por de pronto en la educación oficial… mientras se devanan los sesos para bajar en edad la imputabilidad de los menores.

La conclusión del tema podría sintetizarse adaptando aquella vieja copla… “En tiempo de las bárbaras naciones / colgaban de una cruz a los ladrones. / Mas hoy, en pleno siglo de las luces / del pecho del ladrón cuelgan las cruces…” Las medallas y condecoraciones, testimoniando preeminencias políticas, sociales y económicas.

Estaría todo dicho, pesarosamente. Pero levanta los ánimos el recuerdo de aquello expresado por San Pío X: La salvación vendrá “instaurando todo en Cristo”.

Juan Esteban Olmedo