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LAS INSEGURIDADES SOCIALES

TOLERANCIA: HAY CASAS PARA ESO

Hace cosa de unos diez años —el 2 de diciembre de 1998— el diario “La Nación” registró que vecinos de la provincia de Buenos Aires reclamaban su derecho a armarse. Era evidente que nunca hubo tanta inseguridad en la República, y era más lógico permitir que el buen vecino se arme, a dejarlo indefenso en manos del delincuente siempre bien armado, sin que ello le ocasione el menor riesgo.

Hay que subrayar que el auge de la inseguridad comenzó a partir del gobierno de Alfonsín, cuyo monumento acaba de inaugurarse en la Casa de Gobierno y se lo festeja como un prócer. Toda la calamidad coincidió en su tiempo con el famoso “destape” moral y la campaña —desde los colegios— contra la Autoridad motejada “autoritarismo”. Además de la doctrina garantista y la legislación suavizante del derecho penal.

El diario nombrado se refirió entonces a ciertas declaraciones de un comisionado neoyorquino —William Bratton— considerado uno de los puntales de la lucha contra la delincuencia en su ciudad. Según Bratton el incremento de los delitos fue proporcional al crecimiento de la liberalización de las costumbres y la tendencia a la permisividad que caracterizaron a su país a lo largo de la década del sesenta. A lo que después se sumó el aumento de la drogadicción. Se puso en práctica, entonces, la tolerancia cero. La cual consiste en prevenir —o enfrentar— desde las ofensas menores hasta los más graves delitos. En Nueva York, decía el diario, no se tolera ningún comportamiento antisocial.

Exactamente al revés de lo que ocurría treinta años después, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde se desatan diariamente los escándalos más increíbles por parte de degenerados de todo tipo, apabullando a barrios enteros. Todo al compás de una legislación de la ciudad “autónoma” que ha abierto las puertas a la degradación social. En estos días el Estado Nacional ha promovido incluso la degeneración sexual, abriendo cauce a todas las perversiones.

Hoy la gente está segura de una cosa: que por el camino que vamos, en lugar de desaparecer, la inseguridad seguirá creciendo. La señora Presidente de la Nación, con su don de oportunidad, acaba de descubrir que “la brecha social” entre ricos y pobres “aumenta la inseguridad”. Desde luego, olvidando los enormes gastos en hoteles de lujo en sus frecuentes viajes por el mundo. O las alhajas, o los modelos o el “Mini Cooper” para su retoño… o del chateau del lejano Sur.

Pero lo más alarmante tal vez, haya sido su añoranza curiosísima de los países en que todos son pobres y los niveles de delincuencia son muy bajos… y aumentan cuando mayor brecha social hay. Está claro: el supremo objetivo de su gobierno —prácticamente logrado— es alcanzar la pobreza general.

Por otro lado hay iniciativas, como la del gobernante Scioli, buscando bajar la edad de la imputabilidad de los menores. Algo así como romper los termómetros para acabar con la fiebre.

Pero el presidente de la Corte Suprema de Justicia se ha referido a ello señalando (¿recién lo advierte?) que los menores no pueden caer en cárceles que son como la universidad de la delincuencia… Mientras, agregamos, crecen día a día otras cárceles: las villas miseria, y nos enteramos que hay menores que deben comer de la basura. Lo cual ya no es una brecha social: es el más inicuo crimen de “la clase política”.

En tanto ¿qué educación reciben los chicos, incitados por todos los medios a los placeres lícitos o ilícitos, pero privados de lo mínimo para una vida humana? Si van a la escuela, reciben educación sexual. Pero nadie les habla del sentido de la vida ni de premios o castigos, aquí o Más Allá… Mucho menos de un Creador: sólo de una gran explosión originaria y el orangután antepasado, cuando no un dinosaurio… ¿Cómo puede sorprender que recurran a la droga con su oferta de inmediato placer demoníaco? Para peor, inducidos criminalmente al consumo, mientras el Ministro de la Justicia busca despenalizar tal consumo…

Nadie se preocupa por la ejemplaridad. Por el contrario, el ex Presidente en ejercicio del mando, acaba de decir que “es hora de que la Justicia se ponga los pantalones largos”. También vituperó a los “mercaderes de la derecha que lucran con el dolor”, sin identificar por cierto a nadie.

Pero nadie olvida que a la derecha e izquierda de sus narices, un formidable asesino de sus padres, gozaba y sigue gozando de la libertad. Y tiene un altísimo rol, tanto económico social como educativo. Tampoco se olvidan los seiscientos millones de dólares santacruceños esfumados por él…

El ya recordado ministro de la Corte, insólitamente, ha dicho que el respeto por la garantías (de los delincuentes) nada tiene que ver con “la puerta giratoria”, por donde ellos entran y salen. Pero encima ha olvidado que hay una colosal inseguridad jurídica. La cual se remonta a la pérfida reforma constitucional, con la secuela de la incorporación de sistemas importados que desde luego no garantizan la seguridad ciudadana.

LA OPCIÓN PREFERNCIAL POR EL MINI-COOPER

Alguien ha recordado que hay muchas otras inseguridades que la “clase política” no ha podido conjurar: la de los niños de la calle que limpian vidrios de los autos o hacen pantomimas; la de la desocupación engrosada con la juventud que fue privada de esa gran escuela que fue el servicio militar, abolido irresponsablemente por el gran demagogo; las de las villas de emergencia; las del trabajo en negro, sin amparo social ni jubilación; la de los hospitales desguarnecidos, carentes de medicamentos o espacios dignos; las de las cárceles “sanas y limpias”, como un sarcasmo constitucional; la de los jubilados sin privilegio; la de los que no consiguen más lugar para dormir que las plazas y zaguanes; la de los niños hambrientos y la de los niños por nacer, permanentemente agredidos por legisladores y defensores de “derechos humanos”. Y por último, la inseguridad de los aferrados a la normalidad natural, que ven peligrar su libertad o su vida tranquila a manos de los malabaristas del sexo.

ASOCIACIÓN ILÍCITA

Aparte de los numerosos escándalos al respecto, de criminales sueltos, de jueces indecorosos, de sumisiones vergonzosas, de sentencias increíbles, merece una especial mención una sentencia recaída en el expediente 16.307/06 de la Justicia Federal, por el cual se condena a varios militares a las más altas penas —con agravantes— por su actuación en la guerra subversiva. Acusados concretamente de “asociación ilícita”, destinada a cometer delitos, con una “organización militar o de tipo militar (sic) que disponía de armas de guerra o explosivos (sic), compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad”.

Resulta imposible seguir un razonamiento montado con exactitud en las premisas de la tiranía: Estado terrorista, lesa humanidad y derechos humanos exclusivamente marxistas. Todo rematado con refinada severidad.

Pero, acaso, la mayor sorpresa provenga de saber que se trata del mismo juez que ha descartado las denuncias por los crímenes feroces contra el sindicalista José Ignacio Rucci y contra el Teniente Primero Lucioni.

Casimiro Conasco