Como decíamos ayer

LOS DESAPARECIDOS
DE ISABEL

La noticia recorrió todos los medios de comunicación, provocando el lógico revuelo. El juez Federal de San Rafael, Mendoza, Raúl Acosta, habría pedido la detención de Isabel Perón y sus ministros de entonces, Cafiero, Ruckauf, Robledo, Vottero y Emery, por hechos vinculados con desaparecidos —incluidos menores— antes del Proceso.

Pocas horas después, misteriosamente, aparecían las desmentidas, en el sentido de que el magistrado tan sólo quería conocer los datos filiatorios de los nombrados. Pero cualesquiera que sean las motivaciones, judiciales, políticas o de otra índole, lo único importante es la historia de los hechos y hacia ella nos remitimos.

La Argentina en 1975 se parecía a una selva en donde, parafraseando a Hobbes, el hombre era el lobo del hombre. Secuestros, bombas, asesinatos, tanto de los Montoneros, como del ERP o de otros grupos, eran las noticias diarias. Ante este estado de situación, se dictó el Decreto “Secreto” 261/ 75 refrendado por Isabel y sus ministros, por el cual se expresa que se procederá contra la guerrilla en Tucumán, hasta aniquilarla.

Los otros Decretos, 2770/71/ 72 (firmados por Ítalo Luder y los ministros) todos del 6 de octubre de 1975, disponen la creación del Consejo de Seguridad Interior y la inclusión de las Fuerzas Policiales y del Servicio Penitenciario en la lucha contra el terrorismo.

La última resolución de esta tríada, preveía la aniquilación de la guerrilla, ahora en todo el territorio nacional.

La diferencia entre el primer Decreto Secreto y los demás, es que Isabel solamente firmó el primero y sólo por éste tendría que ser responsable. Ya para octubre del año 1975, la Presidenta se encontraba en uso de una de sus tan habituales licencias.

Según el Dr. Vigo Leguizamón, la Conadep tuvo información de que entre 1973 y hasta 1976 (antes del golpe), los desaparecidos fueron 777. Sin embargo, para el Foro de la Verdad Histórica, el número de desaparecidos durante el gobierno peronista alcanza las 751 personas.

Lo cierto es que tanto el agudo Cafiero, como el piloso Ruckauf, cada uno a su manera, se defienden diciendo que ellos también fueron perseguidos.

Podrán haberlo sido; pero lo que aquí les endilgaría el juez, es que ambos firmaron los decretos y —por ende— son responsables por los desaparecidos anteriores al Proceso de Reorganización Nacional. Habrán sido perseguidos, pero antes del año 1976 fueron “perseguidores”. De esto no nos caben dudas.

Antonio Cafiero, haciendo una exégesis forzada del término “aniquilar”, dice que lo que ellos pretendían era aniquilar a la subversión, no a los subversivos. ¡No nos crea tan estúpidos, Cafiero! Ud. sabe muy bien que toda organización tiene miembros, plan y órganos. ¿Cómo se podría destruir a la organización, sin destruir también a los miembros?… El término “aniquilar” no admite dobles interpretaciones: significa anonadar, destruir por completo.

Uno de los abogados de Isabel Perón, al saberse la noticia, ha dicho que le llamaba la atención que se ventilaran hechos que sucedieron hace más de treinta años y que por ende, ya se encuentran prescriptos. Disculpe Doctor, tal vez se olvida que a partir del caso “Arancibia Clavel”, la Corte ha dicho que “los crímenes de lesa humanidad” son imprescriptibles, salvo que Ud. crea que una cosa son los desaparecidos en una democracia, y otra, durante un gobierno militar. Isabelita —hasta donde sabemos—, se encontraría residiendo en España. ¿Tendrá miedo de que ya se haya enterado de esto el juez Baltasar Garzón?…

Más allá de lo que acontezca en definitiva, nos parece positivo que la ciudadanía tome conocimiento de que existieron desaparecidos durante el gobierno democrático, así como sabe de los desaparecidos durante el Proceso.

¿Qué harán Isabel, Cafiero, Ruckauf y compañía? ¿Se llamarán a conveniente silencio, o como Casildo Herreras, se “borrarán”?

Diego García Montaño

Nota: Este artículo apareció en “Cabido” nº 60, de noviembre de 2006.