Derecho$ Humano$

EL NEGOCIO DE LA INDEMNIZACIÓN A FAMILIARES DE TERRORISTAS

 

 

Después del escándalo abierto en el campo dela izquierda a raíz de la importante suma en dólares que el Estado argentino deberá abonarle al padre de la guerrillera montonera Dagmar Hagelin, desaparecida el 27 de enero de 1977, comenzó a producirse una verdadera cascada de novedades en torno del importante negocio en que se ha convertido la política de indemnizar a los parientes de los terroristas que resultaron muertos o desaparecidos durante la guerra.

 

El caso, doblemente grave desde el punto de vista moral, político y económico, viene a confirmarse en el preciso momento en que el gobierno anuncia y repite la necesidad de ajutar los gastos e invita a la ciudadanía a imponer una austeridad a rajatabla que ya se percibe en el menor consumo y el inicio de una preocupante recesión.

 

Pero vayamos por partes. En lo que da en llamarse “el caso Hagelin” se conoce con bastante exactitud que Dagmar, la guerrillera argentina de madre sueca y padre chileno, había asesinado a balazos a dos agentes de policía durante su trayectoria en la banda Montoneros y que su apresamiento se habría logrado gracias a los buenos servicios de otra subversiva llamada Susana Burgos. Ésta actuó como entregadora durante un operativo del que logró escapar María Bergés, una de las sobrevivientes de la tragedia de Trelew, luego de la fuga de Santucho y otros importantes subversivos de la cárcel de Rawson en 1972.

 

Pasó un tiempo hasta que Ragmar Hagelin —el ciudadano chileno padre de Dagmar— se presentó en 1978 ante el capitán de navío Julio Santoianni, jefe de gabinete del entonces canciller argentino, almirante Oscar Montes, a los efectos de “cumplir lo indicado por el embajador de Suecia, interesado en el tema de la guerrillera”, es decir, de su hija. Hagelin señaló que su presencia obedecía exclusivamente a la indicación del diplomático (!), habida cuenta de que solamente conoció a Dagmar durante los primeros meses posteriores a su nacimiento, circunstancia que justificó porque se había separado muy pronto de su mujer y perdido todo contacto con su primera familia. Palabras más, palabras menos, acotó entre reiterados pedidos de disculpa —“no quiero importunar”— que “jamás la conocí; sólo sé que Dagmar anda en malos pasos y malas compañías” e insistió en que “resido en Chile y jamás estuve en Suecia”.

 

Los acontecimientos separaron a este curioso episodio revelador, hasta que con un escenario modificado a partir de la presidencia de Alfonsín, una escalada de argumentos bien planificados transformaron a la terrorista argentina en una inocente sueca desaparecida y en un importante ingrediente de la campaña desatada contr los alcances y resultados de la guerra antisubversiva. Pero el caso tomó un giro imprevisto al conocerse que el chileno, devenido en ciudadano sueco por su casamiento en segundas nupcias con una ciudadana sueca que le permitió adquirir la doble nacionalidad de acuerdo con las leyes del país, cobró en carácter de indemnización una suma aparentemente cercana al millón de dólares, pero ocultada a la opinión pública por causas misteriosas. A partir de ese momento el tema de la muerte de Dagmar pasó a un segundo plano: lo que ahora está en juego es la repartija del dinero. Por un lado, el activista abogado de causas izquierdistas Marcelo Parrilli, se considera con derecho a participar de una tajada importante de esa suma por haber sido quien desde 1991 piloteó con bastante éxito los reclamos pecuniarios de Hagelin padre, pero resulta que éste lo despidió sobre el filo de la sentencia que finalmente resultó favorable, para reemplazarlo por dos abogados vinculados estrechamente con el poder: Aníbal Ibarra González y Rolando Aníbal Ibarra, padre y hermano, respectivamente, del legislador porteño por el FREPASO y candidato a jefe de bobierno porteño por la gobernante Alianza. La casualidad —digámoslo así— hizo que ni bien estos profesionales tomaron en sus manos la causa Hagelin, se concretara la resolución económica que mezcla lo ideológico con lo pecuniario y posiblemente con la arbitrariedad. Dicho sea de paso, la “indemnización” otorgada al chileno-sueco es varias veces superior a la que perciben otros familiares de guerrilleros, con el agregado de que, furioso, Ragmar rechazó con éxito que le pagaran con bonos, para lo cual obtuvo el respaldo de la APDH que se jugó en contra de los contribuyentes argentinos.

 

Frente a este cuadro sucio y deleznable nacido durante el alfonsinismo, continuado con el menemismo y prolongado en un gobierno que quiere sustentarse en la honestidad como factor convocante para revertir el ánimo decadente que provoca la extendida corrupción, cabe preguntarse hasta dónde el Dr. De la Rúa puede ejercer su propia capacidad de maniobra, un tema que circula con insistencia entre varios de sus allegados que aseguran que no está totalmente de acuerdo con lo que ocurre. Cierto o no, si nos expresamos de esta manera se debe a que todos los días se acumulan indicios demostrativos de progresistas disidencias internas en el gobierno, donde por un lado puja el radicalismo tradicional y por el otro el que pretende presentarse como una renovación estancada en ideas superadas y alianzas que sólo llevan a esta clase de situaciones. En realidad,  el problema es mucho más contradictorio, pero por el momento lo que dejamos dicho es suficiente para entender que hay divisiones, descontrol e incertidumbre.

 

EL “GRUPO MAFALDA”

 

Como si esto fuera poco, ahora cobran mayor fuerza otras revelaciones cuyos detalles se acumulan en un profundo estudio que estallará en cualquier momento ante la opinión pública, que podrá enterarse minuciosamente de los exitosos negocios que dejan las “reparaciones” monetarias a favor de los deudos de los subversivos derrotados. Desde el campo de estos últimos y de los abogados que los asesoran —y les cobran— se intenta hacer crecer el número de muertos y desaparecidos, mientras los intermediarios que manipulan estos casos cobran jugosas comisiones por cada pago que concretan. Alcanzan al veinte por ciento de las sumas abonadas, además de un anticipo de doscientos dólares que los parientes de los subversivos deberán entregar a los abogados “especializados en Derechos Humanos” a modo de anticipo obligado. Solamente con los presuntos desaparecidos de origen español pero argentinos de nacionalidad, el ex fiscal del Proceso luego pasado al alfonsinismo con el cargo de juez de la Nación, Julio Strassera, maneja más de seiscientos casos que siguen su curso en medio de los aplausos y de la atmósfera creada por hombres relacionados con organizaciones extranjeras, como sucede, por ejemplo, con el ya conocido Luis Moreno Ocampo, quien recibe importantes pagos desde el exterior para “defender la democracia”.

 

Muchos de estos abogados conforman una estructura ideológica y empresaria que fue bautizada como “Grupo Mafalda”, cuya influencia en los organismos extranjeros y en los medios de comunicación es verdaderamente notable, lo que les asegura el manejo de estos asuntos donde las ideas se mezclan con los beneficios económicos expresados en medio de un verdadero estado de hipocresía que sistemáticamente se intenta ocultar a la opinión pública.

 

La situación se tiende a complicar y a esta altura de los acontecimientos la crisis tiende a deglutirse a sus actores que recurren —entre otras cosas— a la remanida denuncia ideologizada de los resultados de la guerra contra el terrorismo. A medida que se avanza en este proceso de descomposición, los argumentos utilizados pierden su eficacia y se deterioran más todavía con la difusión de sucesos casi morbosos como los que rodean al “caso Hagelin”, que pasará a ser uno más —solamente uno más— en el escenario de la decadencia argentina.

 

Carlos Manuel Acuña

 

Nota: Este artículo, tomado de “Otrosí” Nº 18, fue publicado en “Cabildo”, tercera época, Año I, Nº 6, abril de 2000.