SITUACIÓN
ACTUAL DE LOS
PRISIONEROS
DE GUERRA
En la ciudad de La Plata, el pasado
martes 20 de septiembre, el Dr. Alberto Solanet pronunció una clase magistral
sobre la Guerra Revolucionaria en la Argentina, y la actual situación de los prisioneros
de guerra. Por razones de espacio sólo
podemos publicar los siguientes fragmentos. Sepa el lector aprovechar tan valientes, oportunos y
justicieros conceptos.
Amigos: […]
Ante el estupor de muchos que así lo consideraban, e impulsada
por motivaciones ideológicas y resentimientos, la confrontación resurgió, y,
con auspicio del presidente Kirchner, se forjó una visión asimétrica y
unilateral del último medio siglo, según la cual los militares e integrantes de
las fuerzas de seguridad fueron considerados malvados asesinos que persiguieron
a jóvenes idealistas que sólo querían procurar el bien de las clases más
humildes. Se ha predicado a tiempo
y a destiempo, el odio y el resentimiento contra un solo sector de la
contienda, como si la guerra se hubiera desatado sin que nadie la hubiere
provocado […]
El impulso y presiones del poder político kirchnerista sobre el
Congreso y la Justicia han llevado a que ésta actúe por encima de los
principios que deben regirla y que nunca debieron abandonarse. La anulación de las leyes de Obediencia
Debida y de Punto Final rompió con el precepto legislativo de que las leyes no
se anulan sino que se derogan o se modifican. A partir de allí y con la complicidad de la Corte Suprema,
quedaron arrasados los principios de legalidad, de irretroactividad de la ley
penal, cosa juzgada, aplicación de la ley penal más benigna etc… De esta forma cientos de militares con
destacados servicios y carreras impecables, luego de haber permanecido sin
objeciones en sus respectivas fuerzas, ascendidos a jerarquías superiores en
plena democracia, algunos de ellos condecorados por el Congreso como héroes en
la guerra de Malvinas, comenzaron a ser imputados por la justicia por hechos
ocurridos casi treinta años atrás, detenidos y sometidos a un largo
encarcelamiento sin pena ni juicio.
El mismo Estado que durante un gobierno constitucional les
encomendó aniquilar las fuerzas irregulares que sumieron al país en la
violencia de una guerra revolucionaria, el mismo que dictó las leyes que
significaron tres amnistías sucesivas, el mismo que revisó prolijamente sus
casos y luego los mantuvo en actividad durante mas de quince años sin
cuestionamiento alguno, ese mismo Estado modificó radicalmente su postura e
instaló una persecución implacable e ilegal.
Este mismo Estado se ha llevado a prisión a más de mil miembros
de las fuerzas armadas y de seguridad, mientras esta misma justicia no ha
alcanzado a los terroristas que estas fuerzas combatieron. Se trata entonces, de presos políticos
entre los que debemos contabilizar, hasta ahora, ciento cuarenta y cinco
muertos en cautiverio. Digo hasta
ahora, por cuanto el propósito de los ideólogos que hoy rodean el poder, es
materializar el odio y la venganza con la muerte de todos […]
La cuestión no es ya meramente jurídica sino de naturaleza
moral. No es el horror de la
guerra lo que está bajo examen sino la opción sistemática por alternativas que,
transcurridos casi cuarenta años desde que comenzara la etapa más violenta de
la contienda, alientan el odio y la desintegración social, empujando a los más
extremados a reacciones graves e imprevisibles. Están presos por haber cumplido con su deber, por haber
peleado en defensa de la Nación. […]
Una de las peores sensaciones, es asumir que las respectivas
fuerzas a las que pertenecen, y que oportunamente les ordenaron combatir, hoy
los han dejado a merced del enemigo […]. Muchos de los jueces, responsables de los detenidos, someten a estos a
verdaderos tormentos, como es soportar la cárcel cuando ya son ancianos o están
seriamente enfermos. Esta gente
está condenada a muerte, pero a una muerte lenta […]
Los propios jueces que condenaron a las Juntas han manifestado
su desacuerdo con este enfadoso desvío de la justicia. Así se expresaron en el reportaje
publicado en el suplemento “Enfoques” de “La Nación” del 15 de agosto
de 2010, al Dr. Strassera: “este gobierno quiere prolongar estos juicios
como forma de agitar la banderita de los derechos humanos”. A su vez, el Dr. Ledesma: “Nosotros
en 1985 no juzgamos a las Juntas por delitos de lesa humanidad, juzgamos por
delitos comunes”, y agrega: “yo creo que si se admite la imprescriptibilidad,
que acabo de decir que viola el principio de legalidad, también debían ser
juzgados hoy en día los líderes de la subversión” y finaliza
afirmando que “creo que el principio de legalidad no puede ser derogado por
nada porque es uno de los logros más importantes de la civilización”. El Dr. Torlasco por su parte dijo: “Aquí
en este momento se están juzgando hechos que normalmente hubieran estado
prescriptos de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución. Se está juzgando por la aplicación
retroactiva la convención sobre imprescriptibilidad de delitos de lesa
humanidad”. Finalmente, el Dr.
Moreno Ocampo opinó: “Yo creo que la objeción de Ledesma de que los crímenes
de lesa humanidad, si no se utilizaron en el juicios, no se pueden utilizar
para la prescripción, es válida. Aquí hay un problema grave de prescripción”.
Rechazaríamos, también por razones morales, que se cometan las
mismas aberraciones jurídicas con quienes ayer agredieron a la Nación y hoy
gozan de los favores oficiales y desempeñan altísimos cargos en los tres
poderes del Estado Nacional. Las
acciones penales contra todos los contendientes están irreversiblemente
extinguidas y así deberán declararlo en algún momento los jueces, si la
Justicia es finalmente restablecida. Porque, como lo ha declarado la Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales en su dictamen del 25 de agosto de 2005, descalificando la línea
jurisprudencial iniciada a partir del año 2004, “los principios de
legalidad, irretroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, cosa
juzgada, derechos adquiridos, no sólo están en el texto de la Constitución
Nacional, sino en su espíritu y, más aún, constituyen la esencia del
constitucionalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, principios que no han
sido modificados por las etapas posteriores del constitucionalismo, que tienen
varios siglos de vigencia y que nunca han sido cuestionados”.
Desde el poder, con un cinismo insoportable, se exaltan los
derechos humanos a través de genuinos intérpretes de una concepción
groseramente restringida de tales derechos, opuesta a la nota esencial de
universalidad que debe caracterizarlos. Es una concepción viciosa, que hoy, para un sector importante de los
argentinos, sustituye a la legalidad, y para otros sirve de marco de impunidad
para cometer cualquier clase de delitos y realizar pingues negocios. Ya no rigen ni las garantías
constitucionales ni el Código Penal para aquellos que han sido fulminados por
la acusación de haber cometido delitos de “lesa humanidad”.
Los agresores de la sociedad civil, ahora son apañados y se los
destaca como personalidades ejemplares, además de ocupar altos cargos en el
Gobierno. A los causahabientes de
quienes se alzaron en armas contra el Estado se les pagaron abultadas
indemnizaciones. Los “derechos
humanos”, han sido utilizados por el kirchnerismo como herramienta política,
para conseguir el poder que no tenían, además, como ya dije, y está a la vista,
al servicio de un pingue y obscuro negocio, del que nosotros, a través de una
acción de amparo que interpusimos, solo podremos sacar a la luz una pequeña
punta del iceberg.
En efecto, luego de una minuciosa investigación, llevada a cabo
por uno de nuestros abogados, el Dr. Oscar Vigliani, se pudo acreditar que
sesenta y ocho personas que figuran como desaparecidas, cuyos causahabientes
cobraron, por ese motivo, más de doscientos mil dólares por cada uno, en
realidad eran guerrilleros que participaron y fueron muertos en combate, en los
ataques al Regimiento 29 de Infantería de Monte, en Formosa; los cuarteles de
Azul, Villa María, Fray Luis Beltrán y Monte Chingolo. Todo ello con anterioridad al 24 de
marzo de 1976, en plena vigencia de gobiernos de iure. Es decir, estamos ante el absurdo que
el propio estado indemnizó a parientes de quienes se alzaron en armas en su
contra. Como dije, ésta es solo la
punta de una gigantesca defraudación, obra de una banda de desaprensivos
funcionarios, que le ha costado millones de dólares al Estado, millones de dólares
a los argentinos, se estima entre 1.500 a 1700 millones de dólares, que han ido
a parar sin control alguno vaya uno a saber a cuantos obscuros intermediarios y
funcionarios que han medrado, nada menos que a través de la muerte de otros,
que, si bien profundamente equivocados, jugaron su vida por ideales que estos
depredadores dicen sostener, pero que en la guerra no movieron un dedo, sino
que se dedicaron, al menos los Kirchner, a los negocios en Santa Cruz. Puedo adelantarles que el Ministerio de
Justicia ha reconocido que efectivamente, los familiares de treinta de los
denunciados en nuestra acción de amparo, recibieron las indemnizaciones
previstas para los desaparecidos. Como se ve, es la punta del iceberg.
Me imagino que los llamados “jóvenes idealistas”, que en ese
entonces se alzaron en armas contra el Estado argentino, poniendo en juego sus
vidas, de ninguna manera habrían sospechado que su lucha iba a concluir en este
descomunal negociado. Resulta que
ahora los derechos humanos son fuente de negocios. Derechos Humanos S.A., como los llamamos […]
Parece que tamaña corrupción no conmueve a nadie. Sobre esto nadie habla, la sociedad
guarda silencio, en general por ignorancia y la dirigencia política también
guarda silencio, pero este silencio sí es doloso.
Como dije, a instancias del Poder Ejecutivo, el Congreso resolvió
anular los indultos que habían sido homologados por la Corte Suprema y las
leyes de obediencia debida y punto final que habían extinguido las acciones
penales, leyes de amnistía que fueron declaradas constitucionales por el mismo
alto Tribunal. Luego, la Corte
Suprema a través de distintos fallos, dócil a las órdenes del Poder Ejecutivo,
posibilitó la reapertura de los procesos, vulnerando la garantía de la cosa
juzgada, violando de modo manifiesto el principio de legalidad, aplicando
retroactivamente normas penales, desnaturalizando la forma republicana de
gobierno, desconociendo la presunción de inocencia que tienen todos los
procesados, negando la detención domiciliaria a quienes en derecho les
correspondía, excediendo en muchos años los límites impuestos a la prisión
preventiva por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su ley
reglamentaria, y ejecutando un amplio abanico de medidas persecutorias que sólo
sirven para profundizar la discordia y frustrar la necesaria unión nacional.
La Convención Reformadora de 1994, en la misma sesión plenaria
que aprobó la redacción del actual artículo 75 inciso 22 y otorgó jerarquía
constitucional a varios convenios internacionales, rechazó la pretensión de que
los delitos de lesa humanidad fueran imprescriptibles y no susceptibles de
amnistía, indulto o conmutación. ¿Cómo
es posible que ahora se reclame que los jueces juzguen y condenen rápidamente a
quienes ya han sido amnistiados o indultados por delitos que, además, se
encuentran prescriptos?
Señores, nosotros no nos agrupamos para reivindicar el llamado Proceso. Sin embargo somos concientes que en los
años setenta hubo una guerra, y que la subversión marxista agresora, fue
derrotada en el terreno de las armas, por esas Fuerzas Armadas que combatieron
en defensa de la Nación. Cambió el
campo de batalla de la antigua guerra sucia de los años setenta entre
terroristas que atacaban y militares que defendían. Ha sido ahora reanudada, después de años de olvido y de
tranquilidad, en este nuevo campo de acción: el ámbito judicial, a través de
juicios plagados de irregularidades y arbitrariedades contra los imputados.
Somos consientes de que se cometieron torpezas en medio de la
guerra. Pero somos igualmente
conscientes de que hoy, en tiempos de paz, tanto el poder político, en el que
muchos de los terroristas de entonces se han encaramado, y los jueces
prevaricadores que le son funcionales, llevan adelante este plan perverso de
odio y venganza, que, además demolió las Fuerzas Armadas y de Seguridad,
dejando, hoy, a la Nación absolutamente indefensa ante la región y el mundo.
Estos jueces deberán responder por la responsabilidad que les
cabe. Hoy podemos afirmar, con
inmensa preocupación, que respecto de un importante sector de la ciudadanía, la
legalidad y el derecho, han sido sustituidos por un esquema ambiguo y difuso
denominado “política de derechos humanos”.
En agosto del año pasado, en una elocuentísima demostración de
la decadencia que vivimos, el presidente de la Corte, Dr. Lorenzetti, acompañado
de varios ministros y políticos, absolvió posiciones ante las Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo, y frente al prevaricador Garzón, quien tuvo la osadía de
visitarnos, para fiscalizar la conducta de estos jueces serviles y
prevaricadores como él. En esa
oportunidad y ante semejante auditorio, el Presidente del máximo Tribunal de la
República, declaró que “no habrá marcha atrás en los juicios de derechos
humanos”, y agregó que el avance de estas causas no sólo es el resultado
de una decisión política, sino del involucramiento de todos los poderes, y en
especial, enfatizó, del poder judicial.
Continuó manifestando que “el avance de los juicios por derechos
humanos son el resultado del esfuerzo institucional de los tres poderes del
Estado”, y afirmó que valoraba la decisión del Congreso de anular las
leyes de punto final y de obediencia debida como la de la propia Corte de
declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Como broche de oro, dijo que habían
creado una comisión interpoderes para llevar adelante esa “política de
Derechos Humanos” como una política de Estado. Para colmo, acaba de editar un libro: “Derechos humanos:
justicia y reparación”, en el que ratifica con clara contumacia estos desvaríos y será
presentado, con bombos y platillos el 27 de este mes en la Facultad de Derecho
del UBA. El marco, será el de
siempre, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, y demás acólitos de la izquierda revolucionaría. No quiero imaginar cuantos dirigentes
políticos se sumaran a la demostración.
En un anticipo publicado en la revista “Noticias”, el Dr.
Lorenzetti manifestó que “los juicios de lesa humanidad forman parte del
contrato social de los argentinos y constituyen una decisión colectiva, un
consenso que va mas allá de cada dirigente, que no tiene dueño y que nadie
puede ya impedir”.
Señores, me extendí en estas manifestaciones del Presidente de
la Corte, por cuanto considero que son de una gravedad extrema. Se acabó la República por cuanto hace
tabla rasa con la división de poderes, comete un grosero prejuzgamiento,
reitera el gigantesco prevaricato en el que incurrió la Corte, evidencia que se
ha operado la sustitución del Código Penal, por una difusa “política de
derechos humanos” y, al declarar que esta injusta política es una política de
Estado, está descartando la posibilidad de la reconciliación de los
argentinos. El desprecio por los
grandes principios del derecho y el abandono de la legalidad significan la
destrucción del sistema civilizado de convivencia. Ningún ciudadano debiera consentirlo y ningún hombre de
derecho dejar de denunciarlo. Creo
que hay mérito suficiente para pedirle el juicio político […]
Todo esto configura un verdadero desvarío jurídico que
incrementa el rencor y el resentimiento, y, como dijo Recondo, ex-presidente de
la Asociación de Magistrados, “el desapego a la ley en defensa de intereses
facciosos, ha tocado fondo en la argentina” […]
La sociedad en general, la dirigencia política y empresaria dan
vuelta la cara ante esta ominosa realidad. No es políticamente correcto hablar del asunto. Esta ponzoña, que envenena el alma de
nuestros ciudadanos desde su más tierna infancia, no ha merecido, que yo sepa,
salvo contadas excepciones, la más mínima condena. En estos tiempos de campaña electoral los dirigentes políticos,
nos hartan con sus peroratas vacías, en las que ignoran dolosamente los hechos
apuntados, sobre todo algunos que no se cansan de hablar de la moral y los
valores. No se sabe de que moral y
que valores, ya que, cuando les tocó como diputados, votaron por el matrimonio
homosexual, o le hicieron “una verónica” como expresó con un cinismo
insoportable una de las candidatas a la presidencia […]
Esta realidad que hoy denunciamos está en sintonía con el
formidable avance de una implacable revolución cultural que, aunque originada
en el mundo, antes de ahora, ha cobrado en estos últimos tiempos una inusitada
gravedad en nuestra patria, afectando severamente el orden social y
especialmente a la institución de la familia, con leyes como la del matrimonio
homosexual, ahora acompañada con la posibilidad de cambiar el sexo, y el
aborto, estas últimas a las puertas de ser sancionadas. Ello se suma a la destrucción de las
Fuerzas Armadas, a la persecución que padece la Iglesia Católica, cuya
influencia y ascendiente en la sociedad argentina se intenta reducir a la mínima
expresión, empujándola a recluirse en el secreto de sus templos y a desertar de
su misión providencial de formar a los hombres para la construcción de una
sociedad justa. La cizaña ha
crecido mucho en nuestra patria, pero no desesperemos, todavía queda trigo
bueno y en algún momento llegará el tiempo de la siega.
Hemos denunciado, y no nos cansaremos de hacerlo, que el
avasallamiento de los principios más básicos del derecho, empezando por el
principio de legalidad, origina que cualquier ciudadano argentino esté en
libertad condicional, sujeto al capricho del poder político. Esto no es una presunción retórica. Hemos visto como, desde la Presidencia
de la República, se impulsó el procesamiento y encarcelamiento de conocidos
empresarios, vinculados a los medios mas importantes de la prensa escrita, a
Jueces, a quienes considera hostiles a los fines del Gobierno, acusándolos de
absurdos delitos de “lesa humanidad”. Les decimos a quienes hasta ahora se han mantenido
indiferentes ante esta lacerante realidad, que pueden ir por ellos y por sus
bienes. La persecución no tiene límites.
La paz social, la verdadera paz, definida por San Agustín como “la
tranquilidad en el orden” es una condición indispensable para cualquier
gobierno que se proponga un mejor futuro. La confrontación no debiera ser un instrumento de poder. Es imprescindible volcar los esfuerzos
y las esperanzas hacia un futuro que debería construirse con todos y para todos
los argentinos. Por ello, se hace
necesaria la pacificación y reconciliación. Que Dios nos ayude.
Alberto Solanet
