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Lejos de nuestro dominio la noble
ciencia de la jurisprudencia, de un modo peculiar y sencillo diremos porqué nos
manifestamos abiertamente a favor del dos por uno.
Por cada engaño y fraude que se dice
a mansalva, casi unánimemente, nosotros hemos de asumir el deber de proclamar
dos verdades. Dos verdades rotundas y categóricas por cada embuste. Ese
es nuestro propósito.
Empecemos por los fraudes argumentativos
de los clérigos.
El flamante Capellán Castrense
Santiago Olivera –hijo dilecto,antes que de su respetable genealogía, de ese
titán del ahembramiento que fuera Monseñor Laguna‒ acaba de decir, en
declaraciones recogidas por la Agencia Télam el 8 de mayo, que el beneficio de
la reducción de años de prisión y de pena a los militares presos “no lleva a un
camino de reconciliación, tal como lo pregona la Iglesia”. Y acota: “A veces se
cree que pensar en un camino de reconciliación supone también impunidad y dejar
atrás los delitos aberrantes cometidos; pero no es así, la verdadera
reconciliación sólo se va a conseguir con justicia, con reparación y con verdad
[…]. La impunidad siempre prepara nuevos delitos […]. Para nada se busca el
olvido, eso no es lo que la Iglesia busca […]. Como decía una familiar de
desaparecidos montoneros, que dio una charla en nuestro encuentro [se refiere a
la última Asamblea de la Conferencia Episcopal], no se puede mirar la vida con
ojos de pirata, es decir, hay que mirar con los dos ojos, porque han sufrido de
los dos lados; claro que uno, ciertamente mucho más grave, porque el Estado
debe defendernos y cuidarnos y no utilizar métodos totalmente inaceptables”.
Olivera debería saber que la
reconciliación que propone la Iglesia es otro nombre del sacramento de la
penitencia o confesión, y nombre que damos por lícito en la medida en que nos
remita al texto paulino (2 Corintios, 5, 20): “dejáos reconciliar con Dios”, y
aún a las mismísimas palabras de Nuestro Señor: “ve primero a reconciliarte con
tu hermano” (San Mateo, 5, 24).
Siendo ésta y no otra la
reconciliación que pide la Iglesia, si alguna incompatibilidad con ella puede
surgir, salta a la vista que brota de quienes han militado en las filas del
marxismo ateo y siguen pregonando su negativa a perdonar y su derecho a odiar
–empezando por el curerío tercermudista‒ y no de parte de quienes han combatido
llevando en muchos casos sus fusiles y sus pechos ornados con rosarios y
escapularios. Si la Iglesia es la basura equiparable a la dictadura, según
canturrean convulsos y posesos, y si el infierno son los otros, según han
aprendido de sus mentores, la amenaza a la reconciliación propuesta por la
Iglesia no parece proceder de las filas de los militares que serían excarcelados
o beneficiados con alguna reducción de sus penas. Antes bien, dicha amenaza la
conforman –y de un modo ferozmente explícito‒ quienes agitan los pendones del
rencor inextinguible contra sus víctimas.
U Olivera desconoce el genuino
significado eclesial de la reconciliación, o desconoce a sabiendas la
perversidad ingénita de las ideologías que alientan la venganza perpetua en
desmedro de los combatientes antisubversivos de las Fuerzas Armadas de la
Nación. En desmedro de ellos, pero también de sus familiares, de la guerra
contrarrevolucionaria, y de todo cuanto roce o evoque siquiera la presencia de
los uniformes patrios.
Que desconoce lo primero surge de su
ninguna referencia al carácter sacramental del acto reconciliador, asociándolo
en cambio –con un criterio crasamente inmanentista‒ a las muletillas de los
relatos oficiales sobre la verdad, la reparación y la justicia, categorías que
no remiten nunca a un horizonte sobrenatural sino a seguir alimentando las
sentencias unilaterales y capciosas, las indemnizaciones abultadas a los
partisanos y la absoluta inmunidad garantizada a quienes integraron las bandas
guerrilleras. El mundo político no conoce hoy otro uso de las palabras reparación,
verdad y justicia que no sea el que ha impuesto la semántica de las
izquierdas. Jamás se menciona la reparación pendiente a los héroes castrenses
de la guerra justísima contra el bolchevismo, ni la verdad histórica adulterada
por los profesionales del maniqueísmo, ni la justicia como ese dar al fin lo
que le toca de honor y de dignidad a todo aquel soldado que genuinamente la
mereciera.
Que desconoce lo segundo, esto es la
ruindad intrínseca de las agrupaciones terroristas, surge del uso de la
expresión “delitos aberrantes”, claramente aplicada a los militares pero que en
ningún momento osa especificar como atributo particular y aborrecible de
aquellas organizaciones insurgentes. En la misma y engañosa semántica que hoy
nos envuelve, se reserva en exclusiva el infamante mote para la represión
contra las células criminales del marxismo, indistinguiéndose adrede entre
represiones legítimas e ilegítimas, entre usos y abusos de la fuerza; como se
reserva la prevención contra la impunidad, no para los verdaderos impunes –que
son poder desde hace largos años y están encumbrados insolentemente en altos
cargos públicos‒ sino para aquellos que paradójicamente son los únicos que han
sido castigados, sin distinguir justos de pecadores, condecorados de Malvinas o
veteranos de los montes tucumanos.
En el revoltijo que adrede han
creado, todos pueden ser a la vez apropiadores de niños o sádicos verdugos o
desaparecedores de inocentes. La posibilidad cierta y concreta de que tengan
capturados a centenares de prisioneros de guerra, como brutal acto de
revanchismo trazado a perpetuidad, no entra en las consideraciones de esta
morralla clerical ni tampoco entre la rufianería laical de la partidocracia, a
la que el corrupto Macri acaba de entregarles el nuevo trofeo de la marcha
porcuna de los pañuelos blancos.
Por cierto que “la impunidad siempre
prepara nuevos delitos”; pero este axioma lo tenemos visto y comprobado hasta
la náusea en los impunes reales, de nombres y apellidos famosos, revestidos de
honorables funcionarios o de relumbrones personajes mediáticos, y no en los que
no han sido alcanzados por la impunidad generalizada con que el sistema blinda
a sus agentes, sino más bien por castigos brutales, aplicados sin discriminar a
todos aquellos a los que se supone insertos en crímenes de lesa humanidad. A
pesar de que probado está que tamaño cargo es un sayo fabricado a posteriori, aplicado retroactivamente, y
arbitrariamente formulado para aprisionar sin salida un cuerpo ya vencido y
condenado. Milagros leguleyos de los garantistas de los derechos de la violencia
roja y de los abolicionistas de todo derecho a quienes se batieron contra ella.
La impunidad que ha preparado nuevos
delitos, y que los ha consumado ya sin necesidad de preverlos sino de
constatarlos, es la impunidad que se les ha otorgado a centenares de cuadros
montoneros y erpianos, quienes alzados desde 1983 con las riendas de todos los
poderes públicos, no han dejado fechoría por cometer ni crimen por organizar ni
desmán por perpetrar ni saqueo por incurrir. Si “para nada se busca el olvido”,
según Olivera, pues he aquí un olvido grave y funesto de los muchos en los que
suele caer la hemipléjica y paralizada memoria de estos pastores. No uno sino
muchos son los olvidos culposos de los que tendrán que rendir cuenta. Desde el
olvido de que fue la Nación Argentina la atacada e invadida por las fuerzas
irregulares de la Guerra Revolucionaria Marxista –en la que participó
activamente un clero felón y disoluto con su correspondiente Jerarquía‒ hasta
el olvido de quienes han derramado su sangre honrosamente defendiendo la Cruz y
la Bandera.
Está claro que “no se puede mirar la
vida con ojos de pirata”, dice Olivera que le sentenció un oráculo zurdo de los
que convidaron a perorar en “La Montonera”; y está claro que “el Estado debe
defendernos y cuidarnos y no utilizar métodos totalmente inaceptables".
Pero he aquí la segunda verdad que
debemos oponer al embuste del indocto prete. Los métodos totalmente
inaceptables no fueron patrimonio exclusivo del Estado Liberal que encarnaron
las cúpulas del malhadado e indefendible Proceso. Fueron patrimonio, y en grado
sumo, de los Estados Comunistas que financiaron, solventaron, alentaron y
ejecutaron la guerra revolucionaria en nuestro país. Los sirvientes homicidas
de esos Estados –agentes extranjeros o nativos, lo mismo da‒ no han sido nunca
sometidos a juicio por sus métodos inaceptables. Fueron y son glorificados ante
la sociedad como combatientes idealistas. Ellos, sus abuelas, sus madres, sus
hijos y la manada entera y rabiosa que los orbita; ellos y el tropel inmundo de
los que vivan sus asesinatos. Victoriosa la recua, y lavados los cerebros
masivamente, impuso entre sus consignas llamar métodos estatales inaceptables a
todos los recursos bélicos de los que se valió el Estado para derrocar la
invasión insurgente y artera. Como impuso un siniestro medidor de pesadumbres,
según el cual mayor es el sufrimiento de los terroristas que el de aquellos que
hoy sufren persecución y vejamen por haberlos confrontado. El pastor del que se
esperaba –conforme a la lógica bergogliana‒ que tuviera el olor de sus ovejas,
ha preferido adherirse a la tuforada de los lobos y hacer causa común con
ellos. Es, lisa y llanamente hablando, un escandaloso acto de traición.
Dos por uno, Monseñor Olivera. Diga
usted su infundio; nosotros diremos dos verdades.
Presente
siempre en las bacanales eclesiales de la estulticia, Monseñor Víctor Fernández
(que persevera en ser apodado Tucho
cual si fuera el remoquete honroso de pius aplicado a Eneas), declara en
La Nación del 10 de mayo que “Francisco ya habló varias veces sobre los
temas relacionados con la dictadura. Siempre insiste en que no hay que pedir
impunidad y que, especialmente en los delitos de lesa humanidad, hay que
aplicar la ley sin atenuantes”. Prosigue el desdichado: “Cuando uno torturó y
mató no puede exigir a los demás que le faciliten una vida normal. Aunque lo
hecho no se puede reparar, debe al menos aportar información para que los
familiares conozcan la verdad completa sobre las víctimas. Una cosa es decir
que también hubo crímenes atroces de parte de los guerrilleros. Pero es
inaceptable poner esto en el mismo nivel de los crímenes cometidos desde el
aparato estatal […]. Algunos obispos se han preocupado por los presos muy
ancianos que no tenían suficiente atención sanitaria. Estoy seguro de que eso
no implica justificar lo que hayan hecho ni pedir privilegios para asesinos […].
Una de las personas [invitadas a testimoniar en el encuentro reciente de la
Conferencia Episcopal y cuyo testimonio pide destacar] nos rogó por favor que
seamos más claros y concretos en el reconocimiento de nuestros propios errores
y en el pedido de perdón. Y otra nos pidió que no pretendamos sanar heridas que
sólo se curan con el tiempo, y que mejor nos dediquemos a la verdadera grieta,
que son los millones de pobres que sufren en la Argentina”.
No
puede extrañar a nadie que Bergoglio haya dicho lo que le atribuye Fernández.
Ambos tienen sobrada desvergüenza y oportunismo atroz para seguir invocando la
figura penal de Lesa Humanidad aplicada a las Fuerzas Armadas Argentinas,
cuando en rigor, si científicamente se estudia el tema, como lo ha hecho entre
nosotros con enjundia el maestro Enrique Díaz Araujo, no hay punto del Estatuto
de Roma, de 1998, en el que la tal figura penal quedó caracterizada, que no se
le aplique con fatídida propiedad al obrar sanguinario de las fuerzas
marxistas.
Fiel
exponente de la asimetría moral que retrata a los estultos, Fernández cree que
no hay derecho a la vida normal para los soldados que combatieron a la
guerrilla, porque habrían torturado y matado. Situación que aún comprobándose
enteramente veraz en todos los casos –cosa que negamos‒ no tendría su
equivalente en los torturadores y matadores de nuestros hombres de armas o de
innúmeros civiles desarmados. Lo mismo cree el envenenante macrismo, para
algunos idiotas aún, encarnadura de “la derecha”. Por obra y gracia de esta
extraña dialéctica, la normalidad existencial sería el merecido obsequio y
tributo a los guerrilleros, las tribulaciones de la cárcel y el odium plebis
quedarían para aquellos que le presentaron batalla. Misericordia bergogliana en
estado puro.
La
misma dialéctica se aplica a la sangre derramada. Tienen dos pesos y dos
medidas, según Tucho. Si mata el
Estado Argentino es un pecado contra el Espíritu, imperdonable e irredimible.
Si matan los Estados Cubano, Soviético, Nicaragüense o Chino, poniendo el fuego
y la plata en las manos de sicarios nativos o foráneos, no tendrán “el mismo
nivel” de gravedad.
De
comprobarse la plena veracidad de un aparato estatal argentino que cometió
delitos, no seremos nosotros los que erradiquemos el juicio moral a la hora de
reprobarlos. Pero insistir en la falacia del desnivelamiento de culpas, como si
detrás de las organizaciones marxistas no existieran varios aparatos estatales
convergentes y aliados, es una falsedad que hiede y cuyo hedor nos repugna.
Fernández
no quiere saber nada con otorgarles privilegios a los asesinos. Bien hecho.
Pero alguien debería acercarle un diccionario para que nos diga con qué palabra
sino con la de asesinato se deben calificar los actos cometidos por los
terroristas; y otro diccionario para que nos diga con qué palabra sino con la
de privilegio se debe calificar a la libertad irrestricta y al aplauso
generalizado de los que gozan los criminales miembros de las antiguas
agrupaciones subversivas, apañados cuando no aplaudidos por el oficialismo y la
oposición, indistintamente intercambiables.
Una
segunda verdad prometimos por cada engaño enarbolado como piltrafa por los
embaucadores profesionales. Y la segunda que le toca escuchar al impresentable Tucho, y a sus pares todos de la
Conferencia Episcopal, es que es redondamente cierto lo que alguien les dijo
cuando les pidió ser más claros y concretos en el reconocimiento de los propios
errores y en el consiguiente pedido de perdón. Sólo que quien les hizo el
reclamo equivocó groseramente su contenido. El perdón pendiente de los obispos,
con claridad y concretez, es por haber dejado de ser católicos, patriotas,
decentes y varones. Es por haber perdido la lucidez y el coraje, la hombría de
bien y, en muchos casos, la simple y hormonal hombría.
En
cuanto a la remanida cantinela de los millones de pobres que sufren, nunca será
malo el consejo de ocuparse de ellos. Pero entre las riquezas que esos millones
de pobres necesitamos, la mayor de todas es que, parafraseando a José Antonio,
se nos devuelva el alegre orgullo de tener una patria. Una patria en la que las
prisiones, los juzgados o los cadalsos estén para castigar condignamente a los
segadores de su cuerpo y de su alma, y las libertades concretas para aquellos,
a los que conociéndolos por sus frutos, podamos calificar de intachables.
Dos
por uno, Monseñor Fernández. Diga usted su fraude. Nosotros diremos dos
verdades.
Entiéndase
que la consigna que lanzamos no tiene sólo a los clérigos por destinatarios.
Abarca a la variopinta gama de mendaces que, para oprobio de nuestro suelo, lo
cubre por los cuatro puntos cardinales. Farsantes de toda clase, condición,
estado o jerarquía, que al conjuro ominoso del Mentiroso desde el Principio,
han esputado su patraña en estos días de luto, desde los más altos sitiales
conquistados también por el favor de un régimen inherentemente embustero.
Que
nos digan ahora los devotos del sufragio universal, los bienpensantes del
supuesto mal menor, los católicos flojos de bragas, los nacionalistas
vergonzantes cuan confundidos, y el interminable repertorio de damas y
caballeros de diestra, en qué pedazo de tierra van a enterrar las cabezas para
no ver a quien han encumbrado cuando creyeron que la deyección kirchnerista era
opuesta al detrito del Pro.
De
allí la imperdonable y horrísona confusión –todavía,¡ay!, entre los mismos
soldados o quienes se dicen sus representantes‒ de invocar a la democracia como
el altar ante el cual se habrían derramado las vidas y los padecimientos, las
muertes y las rejas de los que batallaron en nuestras guerras justas. Desde el
Teniente Cáceres hasta el Mayor Horacio Fernández Cutiellos –y la nómina es
gloriosamente inmensa‒ ninguno de nuestros próceres cayó por el sistema métrico
decimal. Ni fue al cántico de las urnas que quedaron yertos o mutilados los
guerreros de Malvinas o del Operativo Independencia, sino al son de nuestras
marchas épicas que simbolizan la Argentina Eterna. La defensa de la democracia
no merece que se vierta siquiera una célula pútrida de nuestros cuerpos, ni que
se ofrezca un segundo a las mazmorras del Régimen. En cambio, “para la patria
todo lo que la patria pide, que la alegría no entra en componendas y el honor
no se mide”.
Más
que nunca hay un solo mensaje vigente: Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará
libres. Benditos sean, en la Argentina cautiva; benditos son, en tiempo
presente, quienes puedan proclamarse de este único modo posible, auténticamente
libres. Porque a esta libertad no la ciñe cancela o barrote alguno. La otorga
Dios como don precioso a los que libraron y libran en Su Nombre el buen
combate.
Antonio Caponnetto
